Los empresarios piden un espacio regulado en el lugar que ocupan las barcas auxiliares.

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Empresas de alquiler de embarcaciones (con o sin patrón) operan en los puertos de Baleares sin disponer de un amarre. Fondean y cargan a su pasaje en zonas no autorizadas. Aunque el Govern les exige para obtener la licencia una declaración de responsabilidad, no es obligatorio para operar en las Islas ni siquiera tener el puerto base en Baleares, mucho menos un amarre asignado. Las empresas que fondean irregularmente se arriesgan a multas de entre 6.000 a 30.000 euros. Algunas de ellas piden al Govern que habilite espacios específicos para la carga y descarga de pasajeros dada la actual situación de listas de espera.

Andratx es el puerto de Baleares con más lista de espera de amarres de este tipo de embarcaciones. 32 solicitudes se han quedado fuera allí este año. Le sigue Sant Antoni de Portmany (29), Pollença (27), Ciutadella (27), Fornells (24), Sóller (12), Cala Rajada (10), Colonia de Sant Jordi (11), Portopedro (6), Portocolom (5), Portocristo (4), Cala Figuera (4) y Cala Bona (2). «Es un problema que se da actualmente en muchos de los puertos de Baleares. El negocio de chárter ha subido mucho en los últimos años y cada vez va a más. La Direcció General de Transport Marítim solo exige una declaración responsable, pero no un amarre. Lo que hemos hecho en los últimos años es aumentar las inspecciones para comprobar que todos cumplen las condiciones a las que se comprometen en la declaración responsable (estar dado de alta en Hacienda, estar inscrito en el registro general y disponer de seguro, entre otras cosas)», explica la gerente de Ports IB, Cristina Barahona.

Empresas chárter de embarcaciones del Port de Pollença denuncian la situación. Cargan contra la gestión de Ports IB y piden que les habiliten un espacio adecuado en el puerto para realizar su actividad sin incumplir las normativas vigentes. «Una de las situaciones más desagradables que te pueden pasar en la vida es querer trabajar y que no te dejen, pero además de pagar todas las tasas obligatorias para realizar la actividad de alquiler de embarcaciones vivimos con la amenaza de que en cualquier momento podemos ser multados con sanciones que van de 6.000 a 30.000 euros por estar fondeados», lamenta Josep Pons Corró, uno de los empresarios. «No hay amarres disponibles e intentamos trabajar y no tener que vender nuestras embarcaciones que son nuestro medio de vida», añade. Critica la gestión que se hace de los amarres en la zona de los mollets del Moll: «Allí están apelotonadas todas las embarcaciones auxiliares de los barcos que hay fondeados en la bahía. También hay otro punto totalmente abandonado delante de Astilleros Cabanellas. Los dos muelles están gestionados por la empresa pública Ports IB y pensamos que nos podrían habilitar allí un espacio adecuado para desarrollar nuestra actividad», dice Josep Pons.

Los empresarios opinan que en el caso concreto del Port de Pollença la solución a su problemática pasa por rehabilitar y reacondicionar estos muelles para el uso de embarcaciones recreativas y chárter. Quieren que les habiliten allí una zona de amarre para que puedan recoger a los clientes sin arriesgarse a ser sancionados. «No son momentos fáciles para ninguno después de dos años de pandemia y el estado actual de la economía pero en lugar de ayudarnos unos a los otros lo único que encontramos son inconvenientes por parte de entidades públicas a causa de malas gestiones, mientras en nuestro caso particular estamos en lista de espera para un amarre durante años», añade.

«Nos obligan a pagar una tasa de expedición de amarres cada año desde Ports IB y en el caso de que sea rechazada nuestra solicitud por falta de disposición también pierdes el dinero que has de pagar cada año para hacer esa solicitud», concluye.

La gerente de Ports IB informa de que la empresa pública «no tiene intención» de habilitar para este tipo de actividad económica el espacio del puerto en el que los particulares dejan las barcas que utilizan cuando van desde su embarcación principal a tierra. «No es un espacio pensado para hacer la carga y descarga de pasajeros de una actividad comercial sin pagar tasas», dice Barahona. Recuerda además que tampoco está previsto intervenir en la zona de los Astilleros Cabanellas ya que el desalojo de los mismos está judicializado en estos momentos.