El portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos. | Pere Bota

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El portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, ha acusado a la inmigración ilegal incontrolada de la pobreza de las Islas. En este punto, ha responsabilizado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de hacer «iluminado la ruta consolidada de inmigración ilegal procedente de Argelia. Y no son seres de luz lo que nos llegan». En este punto, ha asegurado que «este año ya hemos sobrepasado los 1.400 inmigrantes ilegales, en estos momentos están llegando más, sólo esta madrugada han llegado 52. Gran parte de ellos están quedando en libertad por nuestras calles. No son niños ni mujeres que huyen del hambre y de la guerra. Son adultos sanos, jóvenes, y la mayor parte de ellos acaban delinquiendo, cuando no se introducen elementos yihadistas como han demostrado las detenciones llevadas a cabo este año. A diario se publican noticias que demuestran un aumento de la delincuencia en Baleares protagonizado por magrebíes. Hay pueblos de Mallorca y barrios de Palma donde los vecinos ya no se atreven a salir a determinadas horas a la calle, sobre todo si se trata de mujeres o niñas, por el miedo a ser agredidas. Las reyertas, agresiones y robos son diarios».

El líder de Vox ha asegurado que «la inmigración ilegal, descontrolada, es un grave problema, que usted y el señor Sánchez están incrementando con sus políticas de efecto llamada. Usted y el señor Sánchez son los responsables de la delincuencia e inseguridad que se está viviendo en Baleares». En relación a esto, ha subrayado que las Islas lideran las tasas de criminalidad. Campos ha asegurado que «con esta situación tenemos una grave carencia de policías y guardias civiles, que evitan nuestras Islas como destino por la carestía de la vida, el precio de la vivienda, un plus de insularidad
insuficiente, y, si encima tienen hijos en edad escolar, por la inmersión obligatoria en catalán».

Durante su intervención ha insistido en que «Baleares es la región española donde más crece la pobreza». Por ello, la ha instado a que «vaya a las colas del hambre de las parroquias o de las asociaciones que reparten alimentos a hablarles de sus Escudos sociales. Vaya a los barrios obreros donde tienen que defenderse de la inseguridad que la pobreza y la inmigración descontrolada generan».

Campos ha iniciado su discurso deseando que este sea el último debate como presidenta de Francina Armengol, por lo perjudicial para las Islas que ha sido su «gobierno de ultraizquierda». A su modo de ver, las personas que trabajan han sido las grandes olvidadas de su escudo social, la ha acusado de trabajar para que la gente no trabaje; así como de ir contra los pequeños empresarios y emprendedores. Además, ha denunciado un «saqueo fiscal», y lo ha justificado por la subida del impuestos, al tiempo que la deuda pública se ha triplicado. También ha criticado el incremento de altos cargos del Govern, al tiempo que le ha recriminado que no hablase de las colas del hambre, ni del acoso sexual a las menores tuteladas, ni de la «tironia lingüística».

Escándalos

El presidente de Vox también ha enumerado los escándalos que ha protagonizado, a su modo de ver, el Govern de Armengol.

- Caso Hat Bar: «Usted se saltó sus propias restricciones durante la pandemia que sí fueron impuestas al resto de ciudadanos de Baleares. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política por este escándalo».

- Caso Oposiciones: «El director general del IB-Salut, marido de la consejera de Salud y nombrado
por ella, se vio obligado a dimitir de su cargo tras ser condenado por favorecer a su hija y a su yerno
en procesos de oposiciones en el servicio que él mismo dirigía. La consejera conocedora de todo, no
ha dimitido».

- Caso Ambulancias Aéreas: «Durante más de un año la consejería de salud mantuvo un contrato
millonario con una empresa que incumplía sistemáticamente el servicio para el que había sido
contratada, consistente en el transporte aéreo de pacientes del servicio público de salud.
Incumplieron con la categoría exigida de los aviones, la antigüedad de las naves, y con la normativa
de seguridad vigente (según denuncia del sindicato SEPLA). Finalmente, la presión mediática
derivó en la apertura de un procedimiento sancionador por el Gobierno autonómico y la empresa fue
multada por menos de la mitad de lo que debería, según los pliegos del contrato. En total la empresa
ganó más de 7 millones de euros mientras el contrato estuvo en vigor. Según noticias aparecidas en
prensa, la empresa pertenece a un fondo de inversión dirigido por ex altos cargos del PSOE. Vox
solicitó una comisión de investigación que fue tumbada por los grupos de izquierdas».

- Caso Vacunas: «Altos cargos del PSOE balear se vacunaron de forma irregular durante los primeros
días en que se puso en marcha la campaña de vacunación del COVID al no estar incluidos dentro
del grupo prioritario de la población. Hubo cargos políticos que se vacunaron antes incluso que los
sanitarios que se encontraban en primera línea de atención a los pacientes COVID. El Gobierno
balear se negó a facilitar los datos de vacunación en un primer momento a la Oficina
Anticorrupción, finalmente se vio forzado a entregarlos. Los enfrentamientos entre el Gobierno
autonómico y la Oficina Anticorrupción acabaron con la dimisión del director de la Oficina. El caso
aún se está investigando por el actual director. VOX votó a favor de la creación de una comisión de
investigación que fue rechazada con los votos de los grupos de izquierdas. Fíjese, estos escándalos afectan a la consejería de salud, esa misma que bate récords en listas de espera: Hasta seis meses de media para ser intervenido quirúrgicamente, y usted anuncia ayer que va a reducir las horas semanales de trabajo a los sanitarios, pero sin noticias de la contratación de los médicos que se necesitan».

- Caso Varadero: «Según varias publicaciones, un director general (Antonio Morro Gomila), que
depende del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática
(Juan Pedro Yllanes, Podemos) habría falsificado un documento público para evitar que
determinadas empresas, afines al Gobierno, sean sancionadas. Vox accedió a dos informes
periciales que acreditaban lo publicado. Actualmente este asunto está siendo investigado
judicialmente a instancias de una empresa perjudicada. Se trata de un caso de presunta corrupción
que desacredita el sistema de verificación electrónica del Gobierno de Baleares y sus políticas
medioambientales y laborales, dado que lejos de defender al medioambiente y a los trabajadores,
permiten que se incumpla impunemente la normativa que los protege».

- Caso Puertos: «Es una investigación judicial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia
Civil y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que mantiene imputada a la cúpula de la
Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que ha controlado este ente público durante las dos últimas
legislaturas. Estamos hablando de un presunto concierto entre cargos públicos, altos funcionarios y
concesionarios para alterar y dirigir arbitrariamente la adjudicación de puertos deportivos».

- Caso menores tuteladas prostituidas: «El mayor escándalo nacional y europeo con los niños
tutelados y prostituidos. Qué vergüenza. Usted es la responsable de la Administración que tiene a su
cargo a menores tutelados, Administración pública insular y autonómica. Menores arrancados de sus
familias por decisión de un trabajador social para que en teoría estén mejor atendidos y acaban
prostituidos y drogados. Hemos solicitado reiteradamente la constitución de comisiones de
investigación y usted se ha negado sistemáticamente. Han creado comisiones patraña con informes
fake para intentar salir del paso y han causado más indignación y vergüenza ajena entre los
ciudadanos. Ha tenido que ser una misión especial del Parlamento Europeo la que se tuvo que
desplazar a Mallorca el pasado mes de abril para intentar esclarecer los hechos y las posibles
responsabilidades. Y su primer dictamen confirma todo lo denunciado por Vox: protocolos que no
funcionan, dejación de funciones, falta de transparencia, y falta de coordinación. Vox presentó denuncia ante la Fiscalía. Y denuncia en el juzgado de instrucción instando a
investigar judicialmente el escándalo. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Ni una palabra en su discurso».