El GOB pide a Medi Ambient que dé cuenta de sus actuaciones en la 'Pujada al Puigmajor'

Como ya manifestó la entidad ecologista hace días, el trazado de esta competición no discurre por dentro del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, puesto que la declaración del espacio protegido en 2007 excluyó la carretera. Aun así, para el GOB «es evidente que de la prueba deportiva se derivan impactos ambientales que se producen en los márgenes de la vía, y que sí que se sitúan dentro de terrenos protegidos, entre ellos sobre todo la acampada ilegal y el abandono de basuras».

En este sentido, ha considerado que, hasta ahora, la Conselleria de Medio Ambiente ha adoptado un «perfil bajo» en relación a los diferentes impactos e infracciones que afectan al Paraje Natural durante los dos días de la prueba deportiva. Por ello, ha requerido información sobre si la dirección del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana emitió un informe previo sobre la prueba deportiva, dirigido a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad para que tomara las medidas preventivas oportunas.

También, acerca de si desde la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat u otros departamentos de la Conselleria se remitieron indicaciones a los organizadores de la prueba para evitar posibles impactos sobre el espacio protegido. Y, por último, sobre si durante los dos días que tuvo lugar la prueba deportiva se desplegó un dispositivo de vigilancia por parte de los Agents de Medi Ambient y en qué consistió, si se levantaron actas de las infracciones observadas en la normativa del Paraje Natural u otra normativa ambiental y si se emitió informe sobre los impactos detectados y la intervención realizada al respecto.

Con todo, el GOB ha recordado que esta prueba es una de las 13 competiciones automovilísticas previstas en el calendario de la FAIB que este año discurren por carreteras de la Serra de Tramuntana, y que aparte del impacto directo generado insisten en la promoción de la Serra como espacio para la conducción deportiva, una situación que está generando, según la entidad ecologista, «importantes problemas ambientales y sociales» y que hasta ahora, ha lamentado, «no se ha podido controlar de manera adecuada por parte de las diferentes administraciones competentes».