Los constructores señalan que el decreto estatal «ha tenido una aplicación nula» y el autonómico «es papel mojado y ni siquiera se puede aplicar» | Redacción Local

La Asociación de Constructores de Baleares ha contabilizado hasta 57 licitaciones de obras públicas que han quedado desiertas este año a causa de unos precios que no han sido adaptados al encarecimiento de los materiales. El montante total de estos proyectos -que incluyen colegios, viviendas de protección oficial o la ampliación del metro de Palma- asciende a 58,6 millones de euros. Según cálculos de la propia asociación en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las obras en general se han encarecido un 30 % en las Islas como consecuencia de «el aumento desorbitado del precio de los materiales, los combustibles y la energía que no se están compensando».

Por este motivo, se denuncia que las empresas se encuentran en una situación de «fragilidad» e «incertidumbre absoluta» tras haberse visto obligadas a asumir enteramente esos sobrecostes sin que haya existido una compensación posterior. Es más, alegan que el decreto de precios estatal 3/2022 está dirigido a grandes obras y que por lo tanto, las posibles actualizaciones de los precios que se realizaran dejarían fuera al 85 % de las obras públicas baleares, lo cual acaba traduciéndose en el desinterés de las empresas constructoras y en un balance de concursos desiertos como el reseñado.

«Somos los primeros que deseamos trabajar, pero en unas condiciones que no pongan en peligro la viabilidad de las empresas ni los puestos de trabajo de nuestras plantillas», reivindica la presidenta de la asociación, Fanny Alba. La actualización de los precios de los presupuestos de las obras públicas fue precisamente una de las reivindicaciones que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) trasladó ayer al Govern en la Mesa de Diálogo Social.