Martí March se dirigió ayer a los alcaldes y alcaldesas en una reunión urgente extraordinaria a petición de la FELIB.

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La gratuidad de la escuela infantil de 2 a 3 años en las escoletes de Balears podría no hacerse efectiva el próximo 1 de septiembre. Los ayuntamientos necesitan que el Govern apruebe antes de esa fecha un decreto ley que deje en suspenso con carácter inmediato la parte de sus ordenanzas que regula el cobro de las cuotas del alumnado de 2-3 años en las escoletes municipales. En caso de no aprobarse el citado decreto los ayuntamientos deberían elevar al pleno la modificación de sus respectivas ordenanzas municipales con la consiguiente inseguridad jurídica. El Govern quiere que las escoletes solo sean gratuitas cuatro horas al día diez meses al año (de septiembre a junio). Las familias deberán seguir pagando por todos los servicios que vayan más allá de este horario.

El conseller de Educació, Martí March, acompañado de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernàndez, ha participado este viernes en una reunión urgente extraordinaria convocada a petición de la Federació d’Entitas Locals de les Illes Balears (FELIB) en la que los alcaldes, alcaldesas y regidores han puesto sobre la mesa todas sus inseguridades. Cabe recordar que la gratuidad beneficiará al alumnado de 2-3 años que en el curso 2022-2023 esté matriculado tanto en las escoletes públicas como en la red complementaria.

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La reunión de este viernes trata de calmar los ánimos ante la creciente preocupación de alcaldes y regidores, especialmente del Partit Popular, pero también de Més, el PI y otras formaciones independientes. El Govern ha aumentado la aportación económica que inicialmente había prometido, pasando de los 36.000 euros anuales a 45.000 euros anuales por aula (a razón de 2.500 euros por alumno). También se ha comprometido a realizar un primer pago antes de que acabe el 2022 y no en febrero de 2023 como anunció en un primer momento.

Se mantienen las dudas de algunos alcaldes sobre las desigualdades que generan las aulas mixtas (especialmente en los centros más pequeños), el efecto llamada que el anuncio de la gratuidad ha tenido sobre la matriculación de alumnos y la seguridad jurídica de la medida. El alcalde de Selva, el ‘popular’ Joan Rotger (abogado de profesión) cuestiona la seguridad jurídica de la suspensión parcial de sus ordenanzas solo para alumnos de una determinada franja de edad. El Conseller March se ha comprometido a consultar a los servicios jurídicos sobre este asunto.

«Cada uno tiene sus peculiaridades y ya hemos quedado en que iremos trabajando cada caso concreto», dice Martí March. Destaca que «el incremento de dotación, así como otras acciones que hemos llevado a cabo hasta ahora muestran que el compromiso con esta etapa es evidente y que estamos hablando de inversiones reales que permiten avanzar hacia la gratuidad de 0-3 de una manera clara y con un compromiso real», añade. Entre los alcaldes que aplauden la medida anunciada está el socialista Miquel Cabot (Marratxí). «No entiendo la postura de algunos alcaldes del PP que llevaban la gratuidad de las escoletes en sus programas electorales. No entiendo tanta controversia si al final todos estamos de acuerdo en la necesidad», dice. Invita al resto de ediles a «remar» en la misma dirección. Defiende la aprobación de la gratuidad por la vía de decreto. «O se hace por esta vía o en septiembre no será gratuito. Sabemos que no queda tiempo, pero la pandemia ha demostrado que la aprobación de urgencia mediante decretos es una vía útil», añade.