No queda en el Parlament ningún diputado o diputada de los que, el próximo año hará cuarenta, participaron en la sesión constitutiva de la Cámara en 1983. Buena parte ni siquiera había nacido; por ejemplo, el diputado Ares Fernández (Palma, 1995), que intervino por su grupo el martes en el pleno que aprobó la Ley de políticas de Juventud. Hasta que Fernández, que es el actual secretario general de Juventudes Socialistas en Islas, entró en la Cámara como diputado, Tania Marí (PP) y Gloria Santiago (Podemos) eran, por su franja de edad, (la primera nació en 1990 y la segunda en 1987) las personas más próximas a lo que la nueva ley define como «el colectivo social, diverso y heterogéneo que vive una etapa vital plena con necesidades específicas para la emancipación, el pleno desarrollo de sus capacidades y la integración e implicación efectiva en la vida política, económica, social y cultural».
Fernández, Marí y Santiago son quienes más se aproximan a la franja de edad a la que se dirige la ley, una franja que va de los 16 a los 30 años, aunque algunos grupos apostaron por cambiar el inicio y final de esa etapa. Se presentaron propuestas para que empezara a los 15 y extenderla a los 35. Así lo recordó Juanma Gómez (Cs).
Cerca de 200.000 personas (concretamente 198.999, según datos del INE referidos a 2021) pueden acogerse, de un modo u a otro a la ley. Y a ellas, a través de representantes de organizaciones juveniles que siguieron la sesión desde la tribuna del público (el caso de Maria Victoria Llull, de Mallorca Nova, vinculada a Més y Lourdes Roca, de Nuevas Generaciones del PP) se dirigieron la mayoría de diputados y diputadas que intervinieron.
Y también la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago que la defendió y que insistió en un punto: que a diferencia de la anterior, esta ley pretende ser transversal y que, desde la exposición de motivos a sus disposiciones finales (son 104 artículos), hay un elemento clave: que cualquier medida, ley o plan que se apruebe en las Islas obliga a tener en cuenta al sector de la juventud. Igual que existe la perspectiva de género, podría hablarse de perspectiva o mirada juvenil.
Fina Santiago.
Participación política
Pero hay más elementos que la definen, tal como se indicó en el pleno. Antes de llegar al Parlament se había suscitado un debate previo y las organizaciones juveniles aportaron sus propuestas. Además, todos los partidos (salvo Vox, que se ausentó y renunció a hacer aportaciones durante el proceso más allá de presentar una enmienda a la totalidad) dejaron en manos de las organizaciones juveniles la definición de sus prioridades.
Y, sin duda, la emancipación, y los medios para concretarla, es la principal demanda. ¿La facilita esta ley? Según la consellera Santiago, sí. «Después de los 23 años, ese es el objetivo de la mayoría», indica. Y a la hora de emanciparse, una vivienda propia es su principal reclamo. La ley fija que toda promoción de vivienda pública fije un porcentaje del 15 % para jóvenes. La norma obliga igualmente a que cualquier medida de acceso al empleo dedique apartados específicos. En algunos casos, se extenderá a los 35 años estas medidas.
Otro de sus puntos tiene que ver con la participación política. La juventud busca otra manera de participar en política y censura cómo se hace ahora. En este punto insistió el diputado Miquel Ensenyat, que calificó de «teatrillo» algunos debates del Parlament. Por eso se desliga el Consell Balear de la Joventut de la Conselleria y por eso aumenta el papel del Institut de la Joventut.
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