La consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcias, y el gerente de la ADT, Tomeu Tugores, en rueda de prensa. | Europa Press

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La Agencia de Defensa del Territorio impuso el pasado año hasta siete millones de euros en sanciones y ejecutó 137 demoliciones de obras ilegales en suelo rústico en Mallorca. La consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcias, y el gerente de la ADT, Tomeu Tugores, han presentado este viernes la memoria de actividades del ente, al que se han adherido ya 35 municipios de la isla. Según ha detallado el gerente, a lo largo de 2021 se dictaron, además, 121 órdenes de demolición.

Tugores ha explicado en este sentido que entre que se dicta la orden hasta su ejecución pueden pasar desde unos pocos meses hasta varios años, en función de si se producen recursos por parte de los propietarios. Por otra parte, Tugores ha señalado que los ayuntamientos tramitaron unos 150 proyectos de legalización o demolición. Según ha añadido, en los últimos cinco años los Consistorios han tramitado 759 de estos expedientes, lo que les ha permitido ingresas alrededor de dos millones de euros. Tugores ha explicado que la gran mayoría de estos proyectos no se habrían presentado si la ADT no hubiera actuado. La actividad de la agencia, ha señalado el gerente del ADT provoca de este modo que los infractores presenten ante el ayuntamiento el proyecto correspondiente, pagando las tasas e impuestos que correspondan.

En esta línea, en 2020 se recaudaron 444.000 euros; en 2019, 703.000 euros; en 2018, 471.000 euros; y en 2017, 401.000 euros. También en 2021, la ADT tramitó 80 suspensiones de obras en ejecución (en 2020 fueron 96), extremo que facilita la restitución y provoca un beneficio para el infractor ya que la sanción es menor. Tugores ha incidido en la importancia de estas órdenes de suspensión desde el punto de vista preventivo, puesto que impiden la continuación de obras ilegales. En cuanto a las sanciones, aunque el tipo medio se sitúa entre los 30.000 y los 60.000 euros, algunas pueden alcanzar o incluso superar los 200.000 euros. En este sentido, a lo largo de 2021 se recaudaron alrededor de 1,2 millones de euros, correspondientes a sanciones impuestas en años anteriores. El director gerente ha destacado el incremento de actividad de la ADT después de se hayan presentado 352 denuncias por parte de particulares (un 70 por ciento más que en 2020), 383 denuncias por parte de otras administraciones (un 50 por ciento más que en 2020) y 187 comunicaciones anónimas en el portal web.

En todo caso, Tugores ha insistido en que el incremento de los trámites no significa directamente un aumento de las obras ilegales sino que se producen, entre otros motivos, por la adhesión de más municipios a la agencia, lo que supone una mayor centralización de los expedientes que antes estarían dispersos. Además, ha subrayado, las obras sobre las que se actúa son más pequeñas que antes. En cuanto a la tipología de las nuevas infracciones detectadas, en 2021 se han detectado 40 nuevas viviendas. Las otras tipologías más habituales han sido las edificaciones de nueva planta no destinadas a vivienda y las reformas o ampliaciones de edificaciones existentes. Por otra parte, durante 2021 se han resuelto 123 recursos administrativos, superando el mejor dato anual anterior, los 84 recursos que se resolvieron en el 2017. "La resolución de recursos es importante para conseguir la efectiva recaudación de las sanciones, puesto que el proceso de recaudación no se puede iniciar hasta que se ha resuelto el recurso", ha dicho Tugores. En los últimos años, han explicado, también ha crecido la plantilla de la ADT, que ha pasado de 18 trabajadores en 2015 a 44 a día de hoy, en línea con el incremento de municipios adheridos (seis en 2015, 35 en 2022). Además, han explicado, la agencia ejerce control sobre otros cuatro municipios que, aunque no están adheridos, ocupan en su totalidad suelo rústico. Para las inspecciones y el control, la ADT cuenta desde hace unos meses con cuatro drones que se emplean únicamente por parte de los inspectores cuando no pueden hacer una correcta inspección visual. La consellera insular que la memoria fue aprobada por unanimidad en el consejo de dirección y que será ratificada en el próximo pleno ordinario de la institución insular. Garcías ha resaltado que el documento refleja el buen trabajo de la agencia, su incremento de actividad y la colaboración entre administraciones.

Por otra parte, la consellera insular se ha referido al aparcamiento de Cala Llombards (Santanyí) que fue clausurado por la ADT a finales del año pasado. Según ha explicado, después de que el Consistorio haya aprobado la modificación del planeamiento urbanístico, en el momento en que finalmente se autorice, la ADT levantará la suspensión, lo que podría producirse en las próximas semanas.