Autobuses aparcados, en una imagen de archivo. | Daniel Espinosa

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La Audiencia Nacional anula las multas millonarias que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a las empresas de autobuses de Balears por pactar los precios del transporte escolar. El organismo sancionó con 9,19 millones a un total de 34 empresas por formar un cartel al que se acusaba de repartirse los contratos públicos para el traslado de alumnos entre 2005 y 2017. La sentencia considera que Competencia incurrió en un defecto a la hora de establecer la existencia de un cartel. Tomó a Baleares como un territorio uniforme y obvió que la adjudicación se realizaba para cada una de las islas. «Se incurre en contradicción puesto que se extiende el área geográfica al territorio de la comunidad autónoma, cuando por el tipo de servicio que se presta, por isla, no puede configurar un mercado global en los contornos de ese ente autonómico. Difícilmente un transportista de Mallorca puede competir en el mercado con otro de Menorca o Formentera», sostiene.

Así, anula la sanción impuesta a una de las empresas, una de las de menor cuantía porque «la resolución sancionadora no ha explicado como puede incluirse en el mercado geográfico de Balears el servicio prestado en cada una de las islas cuando las particularidades de la insularidad hacen inviable la competencia entre transportistas localizados en islas diferentes». Aunque esta sentencia afecta a una empresa en concreto, que fue multada con 28.000 euros, la inmensa mayoría de transportistas también acudió a los tribunales y recibirán resoluciones en el mismo sentido.

Sanciones

Competencia sostenía que durante doce años las 34 empresas habían llegado a acuerdos para fijar precios mínimos y repartirse las rutas, de manera que habían encarecido los concursos de transporte escolar que pagaba el Govern. Así, se presentaba una oferta de una sola empresa para cada ruta y lo hacía con el precio máximo de la licitación para garantizarse que ganaba todo el dinero posible. A las empresas les correspondió una sanción de 3,17 millones. Además, también se multó a la Federación Empresarial de Transporte Balear que era, según Competencia, quien convocaba las reuniones en las que se fijaban los criterios conjuntos. La resolución de la Comisión Nacional incluía el reparto de transporte discrecional entre ocho empresas que habrían alcanzado acuerdos para excursiones y otros transportes esporádicos, que provocó las sanciones más graves, con casi seis millones.