La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. | CAIB

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El Consell de Govern ha aprobado este lunes, a propuesta de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, el Proyecto de ley de cooperación para la transformación global, que actualiza la actual Ley de cooperación, que había quedado obsoleta ante los desafíos actuales. El nuevo proyecto de ley fomentará que las políticas propias de cooperación del Govern se fortalezcan, ha destacado la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Con la nueva ley, las políticas de cooperación pasarán de ser generalistas y buscarán la especialización en un modelo de cooperación propio de Baleares.

De este modo se alinearán los proyectos en los países socios del Sur con los retos que se tienen actualmente como territorio: cambio climático, modelo económico, rutas migratorias, igualdad de género, y soberanía energética y alimentaria, sostenibilidad ambiental, entre otros. Las nuevas políticas también implicarán cooperar con una lógica de transformación social que no solo se centre en las intervenciones en los territorios del Sur, sino que también contribuya para que las personas de Baleares tomen conciencia de estas desigualdades y de las causas de los problemas y se conviertan en protagonistas de la transformación.

El nuevo texto quiere demostrar la sensibilidad de la población de las Baleares redefiniendo su relación con las voces del Sur; coordinando e interconectando las diferentes luchas sociales en un planteamiento transversal; incorporando la perspectiva feminista e impulsando un modelo más democrático, coordinado y participativo. También se quiere consolidar el trabajo hecho y que continúan llevando a cabo las ONGD de las Islas Baleares. Por eso, desde el Govern se considera primordial su implicación en las políticas de cooperación.

La aspiración es lograr un «esfuerzo presupuestario» equivalente al 0,7 % de los recursos disponibles a partir del año 2030. A día de hoy, los presupuestos iniciales de la comunidad incrementarán la dotación presupuestaria, como mínimo, según la tasa de variación interanual prevista del presupuesto de ingresos corriente consolidado del sector público administrativo. Entre los cambios que implica el nuevo texto, se establece que la conselleria asumirá la responsabilidad de velar por la coherencia de políticas y enviará, con carácter anual, un informe a la comisión competente del Parlament y al Consell de Cooperació.