El representante de Habtur se ha reunido con Negueruela. | CAIB

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El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado este miércoles que «no hay riesgo de continuidad» para las 90.000 plazas de alquiler turístico, que no se ven afectadas por la nueva ley porque responden a un modelo de regularización aprobado en 2017. Ese año, «a estas 90.000 plazas se les dio la opción de regularizarse sin tener que abonar ninguna cantidad, es decir, no se crearon en la bolsa de plazas, sino que se regularizaron, por lo que no están afectadas por el sistema de transmisión onerosa a través de bolsa», ha explicado el conseller tras la reunión mantenida este miércoles con Habtur.

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En este punto, ha aclarado que «la ley turística no afecta a estas plazas, que son transmisibles con la propiedad de la casa pero no intercambiables en un sistema de bolsa», es decir, «no se pueden intercambiar porque no están compradas como el resto de empresas, que sí que adquieren plazas a través de la bolsa». Según ha explicado Negueruela, lo que reclama Habtur es que en la nueva ley turística se incorpore una enmienda para que dichas plazas vayan a bolsa, «pero se crearon con otras condiciones» hace cinco años, ha insistido. «Las plazas se regularizaron en 2017, para ayudar a la situación de muchas familias se optó por un sistema donde no se les cobraba la plaza y por tanto no pueden optar al otro sistema que tiene la bolsa de plazas», ha destacado. Con todo, Negueruela ha trasladado un mensaje de «tranquilidad», porque «el Govern no se plantea incorporar un precio a esas plazas ni cuestionarlas, simplemente están, se pueden transmitir y se puede operar en ellas, no hay riesgo para su continuidad». «Las 90.000 plazas existen, no hay que generar miedo porque gracias al modelo de 2017 se pudieron regularizar sin pagar bolsa de plazas», ha concluido.

La asociación de viviendas de alquiler turístico de Baleares (Habtur) ha reiterado por su parte «la falta de acuerdo» con el Govern sobre esta cuestión. Bajo su juicio, estas 90.000 plazas «están destinadas a desaparecer», por lo que han advertido que, «mientras no se solucione este tema de peso, no habrá acuerdo con el Ejecutivo autonómico».