De esta manera, CCOO y UGT pretenden señalar la política de «abandono» del servicio público postal y de Correos, que ha provocado «el desplome de la carga de trabajo y una »situación insostenible económicamente«, con unas pérdidas de casi 600 millones de euros desde 2019 sumadas a los 100 millones en negativo del ejercicio 2021, lo que supone un déficit estructural que »lo sitúa al borde de la quiebra técnica«, han indicado. «Esta política de desguace intencionado de la mayor empresa pública de este país por parte de su presidente, Juan Manuel Serrano, ha tenido como consecuencia directa la implantación de un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla de la mayor empresa pública del país, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20 por ciento del total de la plantilla», han censurado los sindicatos.
Según las cifras que manejan las centrales sindicales, en Baleares la tasa de empleo a tiempo parcial es del 22 por ciento, muy similar a las del resto del Estado. Por eso, advierten que el «deterioro» del servicio postal público es «cada vez más evidente» en las Islas a consecuencia de la política de «desmantelamiento del servicio público postal y de Correos, el hundimiento de su actividad, la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo». «El presidente de Correos y el Gobierno han demostrado muy poco interés por el diálogo social, el consenso y la participación de los representantes de los trabajadores de Correos», han apuntado CCOO y UGT. Por ese motivo, critican que tanto Serrano como el Ejecutivo «hayan desoído» a la mayoría sindical, que representa al 76 por ciento de la plantilla, que exige una negociación «real y efectiva» sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad, provocando, bajo su juicio, «la ruptura unilateral del diálogo social y la imposición de medidas laborales que han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales en Correos».
CCOO y UGT han anticipado que continuarán con las movilizaciones hacia la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de junio bajo el lema 'Salvemos Correos'. Ambas organizaciones exigen al Gobierno de España un replanteamiento sobre el futuro del operador postal, desde un modelo de servicio público «de calidad» para la ciudadanía del país, contrario a la hoja de ruta de «desmantelamiento del operador público seguida desde hace tres años por Serrano».
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