Varias casas unifamiliares construidas en suelo rústico. | Lluc Garcia

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La medida que definió la parcela mínima, la norma que limita a 14.000 metros cuadrados la superficie legal para construir una vivienda en suelo rústico común en Mallorca, cumple 25 años. Esta exigencia ha condicionado desde entonces la construcción en el campo, pero no la ha frenado. Todo lo contrario. En la isla todavía hay unas 11.200 parcelas edificables, cerca de 7.000 viviendas ampliables y miles de solares en los que no se puede construir, pero que si se agrupan hasta llegar a la superficie legal se podrían urbanizar, según estimaciones de Terraferida. La entidad ecologista lo ha podido determinar usando un Sistema de Información Geográfica (SIG), es decir, un programa informático que se usa mucho en urbanismo.

El director general de Territori i Paisatge del Consell de Mallorca, Miquel Vadell, considera que la parcela mínima supuso una medida de contención «bastante importante», y que si no se hubiera impulsado «ahora tendríamos muchas más viviendas en rústico pero en parcelas todavía más pequeñas». En este sentido, Vadell asegura que el equipo de gobierno del Consell no tiene intención de incrementar la superficie en lo que queda de legislatura, lo que hubiera condicionado todavía más la construcción en rústico.

Cabe recordar que la parcela mínima forma parte de la Llei de Sòl Rústic de Balears de 1997. Hasta entonces, el rústico era visto como un «sobrante», pero con la ley pasó a tener un «valor singular a proteger», comenta Vadell. Sin embargo, cree que la Llei d’Espais Naturals de les Illes Balears (LEN), de 1991, fue todavía más importante porque «protegió una cantidad de terreno como no se había hecho nunca». De hecho, recuerda que muchas urbanizaciones que no eran del todo legales, como Conques, Es Verger o Son Cabaspre, quedaron «congeladas».

El catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y histórico miembro del GOB, Macià Blázquez, afirma que sin la parcela mínima la conservación del rústico «sería peor». Aun así, cree que la medida generó un «marco legal» que «consolida» el uso residencial del rústico. Esto ha propiciado un modelo urbano difuso e insostenible, según el profesor, porque cada casa requiere servicios, como pozos negros o recogida de basuras que implican más emisiones. Asimismo, alerta de que los chalets en su mayoría se hacen en medio de la parcela, «destruyendo su estructura agraria».
Blázquez augura que la coyuntura geopolítica actual posiciona a Mallorca como un destino seguro y un «refugio de capitales especulativos». «O pones el dinero en un paraíso fiscal, o lo fijas comprando propiedades inmobiliarias», apunta, y añade que esto encarece más el precio de la vivienda y perjudica a los residentes. «El presidente Gabriel Cañellas ya anunció a principio de los noventa que seríamos la segunda residencia de Europa», rememora el catedrático.