El director general d'Habitage del Govern, Eduardo Robsy.

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El Govern ya tiene el control de los primeros 16 pisos expropiados de bancos y fondos buitre y los incluirá en el parque de vivienda de alquiler social una vez haya hecho obras de rehabilitación en 14 de ellos. El director general d'Habitage del Govern, Eduardo Robsy, ha indicado que el proceso se ha hecho en un tiempo récord pese a que «los mejores abogados de España» pleiteaban contra el Govern. Robsy ha destacado, además, la falta de colaboración de los propietarios, que han sido abiertamente hostiles a la medida, lo que les ha acarreado multas por un valor total de 50.000 euros.

El Govern ha comunicado también que ha adquirido otros 6 pisos en aplicación del derecho de tanteo y retracto. Se trata de una parte de las primeras 56 viviendas que se incluyeron en el listado de ejecución preferente. Los bancos han vendido o alquilado durante este periodo otros 21 pisos, por lo que han dejado de estar vacíos y el Govern ya no puede expropiarlos.

«Los grandes tenedores han entendido que no pueden tener pisos vacíos desocupados y se está notando una reactivación de la actividad» ha señalado Robsy. «El derecho a la propiedad no es absoluto y debe cumplirse la función social de la vivienda que marca la Constitución, que está por encima de toda consideración», ha añadido.

El director general ha asegurado que el Govern se da por satisfecho con el hecho de que todo el proceso haya culminado en apenas nueve meses. «La medida ha hecho que los grandes tenedores saquen al mercado las viviendas vacías. »Nos damos por satisfechos porque se ha conseguido en un tiempo de 9 meses para unos expedientes muy complejos y con los mejores abogados de España luchando a la contra», ha añadido. Hasta el momento, todas las decisiones judiciales han sido favorables al Govern y los propietarios presentaron pleitos en las 16 expropiaciones.

El Govern pagará 371.000 euros a los grandes tenedores por la expropiación del uso de sus viviendas por un periodo de 7 años, lo que supone un pago de 276 euros mensuales. Además, cobrará a los bancos los 160.000 euros que gastará en la rehabilitación de los pisos. El inquilino pagará un alquiler social con un máximo de un 30 % de su poder adquisitivo.

«Hemos demostrado la viabilidad de la norma y tenemos recursos técnicos y presupuestarios para continuar con ella», ha señalado Robsy. El Govern aún dispone de una partida de1,5 millones de presupuesto para continuar con las expropiaciones.