En la Península hospitales enteros se han declarado objetores. El resultado es la inseguridad e incertidumbre que genera este deficiente funcionamiento para las mujeres que afrontan un trance de los más duros de su vida. | Joan Torres

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Las autoridades sanitarias en Baleares no tienen registro de médicos especialistas en ginecología y obstetricia que se nieguen por razones de conciencia, morales e ideológicas a practicar abortos a mujeres amparadas por la ley en los hospitales públicos de las Islas. Es más, la Conselleria de Salut no ha constatado ningún problema para que las mujeres que así lo deseen se puedan acoger a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, según confirman fuentes conocedoras de la situación en el sistema público de salud.

En este sentido, las Islas son la antítesis de algunos territorios del Estado donde hace años que los hospitales públicos no practican ningún aborto. De hecho, según el último balance recogido y publicado por el Servicio balear de Epidemiología, la mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo en Baleares se practican en el servicio sanitario público, algo que contrasta firmemente con la realidad de comunidades autónomas como Murcia o Madrid.

Los datos así lo avalan. Según el propio Ministerio de Sanidad en 2019 el 85 por ciento de los abortos practicados en todo el país se llevaron a cabo en clínicas privadas con las que la administración tiene suscritos convenios y protocolos para este tipo de intervenciones. La situación viene de lejos, de cuando el aborto se dispensaba al margen de la ley sin salubridad ni garantías en subterráneos y trastiendas, aunque con la presente ley en vigor la situación debería haber cambiado.

Y es que la ley del aborto incluye que la red pública de salud sea la vía preferente a la que acudir para poner fin a la gestación dentro de los supuestos previstos, algo que en la práctica topa con dificultades materiales y logísticas para llevarse a cabo. El caso del Hospital Clínico de Madrid, donde una médica embarazada denunció recientemente que no pudo abortar a pesar de certificarse graves contratiempos para el feto y para su propia vida, ha devuelto el tema del aborto con todas las garantías y la objeción de conciencia facultativa al debate público.

Como sucedió en el Clínico, hospitales enteros se han declarado objetores, y se aluden motivos variados para ello. Existe una amplia jurisprudencia que avala la autonomía de los profesionales médicos para elegir realizar este tipo de intervenciones o no hacerlo. El resultado muchas veces es la inseguridad e incertidumbre que genera este deficiente funcionamiento para las mujeres que afrontan un trance de los más duros de su vida.

En este sentido el Igualdad impulsa algunas acciones a nivel ministerial que pretenden revertir la situación, con el objetivo de que el desarrollo de un derecho individual no conculque un derecho adquirido para todas las mujeres de este país. La medida de crear un registro de objetores de conciencia frente al aborto ha generado suspicacias y posiciones enfrentadas, incluyendo en la ecuación a los colegios de médicos. Podría ser una regulación similar a la realizada con la Ley de Eutanasia, que ya incluye estos listados para organizar el servicio y garantizar el acceso a los derechos.