La vivienda ha sido una cuestión predominante en los encuentros entre los mandatarios de Baleares y Comunitat Valenciana. | Redacción Local

Mientras algunos territorios, como Madrid o Andalucía, ya han expresado sus reservas nada disimuladas a los preceptos que incorpora la nueva ley de vivienda acordada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, en Baleares se espera la aprobación de la novedosa norma como agua de mayo. ¿Por qué? Algunas características intrínsecas del mercado inmobiliario balear motivan esta urgencia, más allá de la coincidencia del color político entre administraciones y la supuesta sintonía en sus políticas.

Este miércoles, en Consell de Govern extraordinario por la aprobación del techo de gasto en la comunidad de cara a 2022, la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, ha subrayado que «es una buena noticia que haya un acuerdo de presupuestos para 2022». Respecto a la norma que tiene por objeto poner concierto en un sector con graves desequilibrios ha precisado que Baleares ya hizo un paso pionero en cuanto a grandes tenedores, y ha destacado que el objetivo es garantizar el derecho a la vivienda, también en sus zonas especialmente tensionadas, como Palma en Mallorca, o Vila, en Ibiza.

Las medidas van en la línea de fomentar el acceso a la vivienda dado que el archipiélago balear es uno de los territorios más acuciados por los disparados precios, especialmente en el régimen de alquiler. Sin embargo algunos datos son un tanto engañosos; por ejemplo el crecimiento del número de alquileres por debajo del precio de mercado en Baleares, el más alto de todo el país con un 6,7 % en 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La temporalidad de muchos de los trabajadores de las Islas estimula la opción del alquiler. De hecho, Baleares es la comunidad con un porcentaje menor de viviendas en propiedad, a pesar de que este segmento es ampliamente mayoritario. Representan el 65 % del total, y el año pasado aumentaron en hasta seis puntos respecto al anterior (59,3 %).

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Con todo, Baleares se sitúa entre las comunidades con la vivienda más cara, tanto a la hora de comprar como de alquilar. Además, las Islas son uno de los territorios donde porcentualmente más crece la población cada año, tanto por el establecimiento entre nosotros de personas de origen peninsular, como de foráneos.

Las Islas fueron uno de los territorios que en el pasado más reciente redactó y aprobó una normativa autonómica en este ámbito. Asimismo, las autoridades baleares han solicitado en diversas ocasiones la aprobación de una ley de vivienda estatal, la última en la cumbre bilateral este pasado verano con representantes de la Comunitat Valenciana, otra de las comunidades que esperan con ansia la aprobación de un nuevo marco normativo estatal.

¿Qué prevé la ley balear? En primer lugar establece qué se entiende por vivienda desocupada; esto es, aquel inmueble que permanece desocupado de manera continuada durante un tiempo superior a dos años, sin ninguna causa que lo justifique. También señala a los llamados grandes tenedores con parque inmobiliario retenido para que este se dedique a alquiler social.

Como consecuencia de ello el pasado mes de marzo el Govern comunicó la primera resolución por la que iniciaba la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros por un plazo de siete años. No obstante, como el propio Ejecutivo reconoció posteriormente, el proceso no sería rápido al tener que hacer frente a recursos judiciales y alegaciones.