«A partir de la Guerra Civil, 26 maestros de Palma fueron apartados de la docencia»

¿En que fase se encuentra su libro?
— Ya he concluido la recogida de información. Al principio de la Guerra Civil había en Palma unas 60 escuelas. Es un dato aproximado, pues hay una cierta confusión entre escuelas y edificios, pero lo importante es saber cuantas secciones había, es decir, cuantas aulas. Había 141 aulas y a cada una de ellas le correspondía un maestro o maestra. Es decir, en Palma enseñaban 141 maestros. Como dato curioso, existía el proyecto de crear una aula en Cabrera, pues allí vivían una decena de niños. El curso en Cabrera tenía que empezar en septiembre de 1936, pero, como es sabido, la guerra se inició en julio. Ya no se puso en marcha.

Siempre se habla del impulso de la República a la educación.
— En 1931, en Palma había 93 secciones y pasó a tener 141 en 1936, es decir, 48 más, un incremento del 52 % en cinco años, y eso que cuando gobernó la derecha la inversión en educación se paralizó. Estadísticamente, los datos son muy claros. En cuanto a conceptos, algunos objetivos no se consiguieron, como por ejemplo la coeducación de niños y niñas, que sólo se logró en el instituto. Sí hubo cinco escuelas realmente mixtas, pero lo eran porque tenían tan pocos alumnos que la separación por sexos era absurda. Otras escuelas tenían la denominación oficial de mixtas, pero eso sólo significaba que acogían a niños y niñas. A la hora de dar clase, se hacía por separado.

¿Qué ambiente reinaba en el ámbito docente al inicio de la guerra?
— Hubo una serie de hechos que no ayudaron a los futuros represaliados. El primero fue el cierre, durante el período republicano, de escuelas de monjas en algunos pueblos al no estar cualificadas para la labor docente, lo que generó malestar. El segundo hecho fue la bomba contra la Casa del Poble en junio de 1936, que llevó al encarcelamiento de falangistas y a diversas algaradas en iglesias. El desembarco de Bayo en Mallorca y el fusilamiento del general Goded en Barcelona lo empeoraron todo. El ambiente contra los maestros sospechosos estaba muy cargado.

¿Y qué medidas se tomaron?
— Balears fue la primera provincia que actuó contra los maestros. Ya el mismo mes de agosto se creó una comisión depuradora, presidida por un militar, Alfredo Llompart. Esta comisión dirigió cartas a los alcaldes para que informaran sobre la trayectoria política y la conducta de los maestros, con los ya conocidos informes del párroco, la Guardia Civil y alguna persona relevante del municipio. También se enviaron cartas a los propios maestros en las que se les pedía directamente si habían pertenecido al sindicato Asociación de Trabajadores de la Enseñanza o a algún partido del Frente Popular.

¿Y cómo empezó el curso en septiembre?
— Hubo que esperar a octubre, pues había un auténtico lío: maestros depurados, maestros de aquí que estaban en la Península y al revés, y que en plena guerra no podían regresar a sus lugares de origen, escuelas en las que faltaban docentes, traslados, maestros llegados de otras zonas franquistas de la Península... Existe el caso de un maestro mallorquín que al iniciarse la guerra se encontraba en Galicia y no pudo regresar hasta 1939. El Boletín Oficial de la Provincia publicó las listas de los maestros que podían ejercer y las de los que no podían incorporarse.

¿Y qué pasó después?
— Se creó la Comisión Depuradora del Personal de Magisterio de Baleares. Éste era su nombre oficial y estaba presidida por un sacerdote, Bartolomé Bosch. Esta comisión no decidía las depuraciones, las proponía a la Junta Estatal de Educación y Cultura, presidida por José María Pemán.

Pasemos a la triste estadística.
— Había diferentes niveles de depuración: traslado, jubilación anticipada –si quedaba poco tiempo para ella–, inhabilitación para cargos directivos, supensión temporal de empleo y sueldo, amonestación pública y, la más dura, separación definitiva de la docencia. De 141 maestros en Palma, 41 recibieron algún tipo de sanción, el 29 %, un dato similar al del conjunto de Balears. Y de estos, 26 fueron apartados definitivamente de la docencia, el 18 %. Eran 16 hombres y 10 mujeres. De los 141 sancionados, diez fueron detenidos o encarcelados, y uno fue asesinado: Josep Lliteres, del Coll den Rabassa. Fuera del cuerpo de maestros, también fueron asesinados el profesor de instituto José María Olmos y el inspector educativo Fernando Leal. Algunos de los maestros que perdieron la plaza recurrieron y pudieron recuperarla.