Momento de la presentación de la campaña. | M. À. Cañellas

TW
6

El Ministerio de Justicia valorará como mérito el catalán en las bolsas de funcionarios interinos y priorizará a aquellos que acrediten un grado medio. También prevé modificar el orden de los bolsines para que se tenga en cuenta este mérito que, sin embargo, no se incluye para los funcionarios de carrera que dependen de una oposición nacional.

Esta es una de las medidas que se incluyen en la campaña La Justícia, també en català, que impulsan el TSJIB, la Conselleria de Cultura, la Gerencia Territorial del Ministerio, los colegios profesionales de abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores de la propiedad y la Obra Cultural Balear. Sin embargo, no es una de las que entrará en marcha de forma inmediata. La campaña fue presentada ayer en la sede del Tribunal Superior y por el momento prioriza dotar de herramientas a los distintos operadores jurídicos y personal de la administración.

Así, se ha habilitado una página web con recursos y material, se reeditará un diccionario con términos jurídicos y se distribuirán carteles con la campaña en distintas dependencias para informar a trabajadores y ciudadanos del derecho a emplear el catalán en el ámbito judicial.

Iniciativa integradora

El presidente del TSJIB, Carlos Gómez, uno de los impulsores de la campaña defendió su carácter inclusivo: «No pretende excluir nada ni a nadie sino incluir a personas que se han podido sentir ajenas a la Administración de Justicia». También destacó la amplitud de colectivos que se han sumado a la iniciativa y sostuvo que se trata de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a usar el catalán en los tribunales. «Ejercer un derecho no puede ser un acto heroíco».

Por parte, el conseller Miquel Company señaló que se trata de «mejorar el uso normal de la lengua en todos los sectores». Añadió: «Con independencia de las causas de su poco uso en la Justicia, hay que garantizar el derecho de los ciudadanos a usar la lengua catalana en cualquier administración radicada en las Islas». Entre las medidas que se pondrán en marcha de forma inmediata, destacó un plan piloto de dinamización lingüística que se aplicará de forma piloto en un partido judicial.

El plan ha sido elaborado por una comisión técnica en la que han participado distintos operadores. Uno de sus miembros, la decana de los Graduados Sociales, Apol·lonia Julià, destacó que la intención es «ayudar a que operadores jurídicos y ciudadanos se puedan expresar en catalán». «Usar el catalán no puede perjudicar a los ciudadanos», concluyó.