Juzgado por malversación el director de una sucursal bancaria

Las dos acusaciones coinciden en la base de los hechos que llevan a juicio: en el año 2012, un juzgado de lo Social de Palma había embargado una cantidad de cerca de cien mil euros de una empresa. Se envió un decreto a la entidad bancaria para que retuvieran todos los saldos de la empresa en cuestión, La Mallorquina d’Apats S.L. El oficio fue registrado en las oficinas. Sin embargo, en lugar de ejecutar la orden judicial y enviar la cantidad que se reclamaba a las cuentas del juzgado transfirieron una cantidad de 157.000 euros a otra cuenta corriente de la sociedad embargada. Más tarde, tras otro oficio judicial se concedió a la entidad ejecutada una operación de crédito por un valor de 200.000 euros y se hizo otra transferencia de más de 300.000 a la cuenta de la empresa que quedaba fuera del alcanza judicial.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Palma. Los cuatro acusados niegan haber maniobrado para beneficiar a la empresa embargada a saltarse el embargo judicial. Defienden que ejecutaban de forma rutinaria cualquier tipo de orden que les llegaba de los juzgados.

El propio Juzgado de lo Social 3 de Palma detectó que el dinero se había esfumado alertado por los perjudicados, las dos personas que debían recibir el dinero por orden judicial. Ordenó a la entidad bancaria que le remitiera todos los movimientos de las cuentas corrientes y, una vez detectado el fraude, alertó a la Fiscalía para que actuara por la vía penal.

Petición de multa millonaria al banco

u La acusación particular que representa a los dos perjudicados por el fraude también acusa a la entidad bancaria de un delito de malversación como persona jurídica. Le reclama una multa que suma 5,4 millones de euros por el mismo delito. La Fiscalía no actúa contra el banco y limita la responsabilidad de desobedecer la orden judicial a tres empleados de la misma, si bien sí la reclama como responsable civil subsidiaria pero una cantidad de 170.000 euros. Los acusados han tenido que prestar una fianza por esa cantidad por orden del juzgado.