Los hechos han ocurrido en el Centro de Salud Son Pizà.

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Salut cierre el expediente que abrió a una doctora para determinar si se negó a atender a una paciente porque esta hablaba en catalán. La Conselleria considera que la atención fue correcta y señala que una prueba de ello es que la paciente salió de la visita con la prescripción del tratamiento adecuado para la dolencia que presentaba y cita reservada para seguimiento por parte de su médico de cabecera.

El Servei de Salut informa de que esta semana inició un procedimiento para recoger información sobre cómo se desarrolló la consulta entre la profesional y la paciente del centro de Son Pizà. La dirección asistencial considera que la profesional proporcionó una consulta «adecuada» desde el punto de vista de la atención sanitaria «con entendimiento por las dos partes en todo momento».

El Servei de Salut informa de que no prevé la apertura de ningún expediente sancionador por desatención. La resolución del procedimiento se ha comunicado a las partes interesadas. La denuncia la presentó la familia de la paciente ante la Oficina de Drets Lingüístics y la falta de actuación inicial por parte del IB-Salut provocó enorme malestar entre los socios del Govern y forzó que se convocara una reunión de urgencia.

En ella se acordó que se abriría un expediente informativo en todas las denuncias por discriminación lingüística. Se acordó esta medida en caso de que un médico se negara a atender a un paciente porque este hablara en catalán o en castellano sin entrar a valorar en qué idioma se expresara el médico.

En relación con esta polémica, el Govern asegura que garantiza los derechos lingüísticos de los profesionales y de los pacientes para que puedan expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales de las islas, tanto en castellano como en catalán. Recuerda que el decreto de Llengües Oficials de Baleares señala que todos los trabajadores de la Comunitat deben conocer el castellano y el catalán en un nivel que permita desarrollar sus funciones con corrección y facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos lingüísticos.

El Govern señala que su trabajo es garantizar que ninguna atención al paciente sea rechazada por razón de lengua, que es lo que supondría la apertura de un expediente informativo para analizar el caso concreto. Insiste, por tanto, en que no se sancionará a quien no atienda en catalán sino a quien se niegue a atender a un paciente porque se expresa en cualquiera de los dos idiomas oficiales de las Islas.