Los inspectores de vivienda podrán reclamar la ayuda de los agentes del orden cuando realicen una inspección en alguno de los pisos propiedad del Ibavi y surjan problemas de orden público o de otro tipo. | Redacción Local

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Los inspectores de vivienda del Govern balear tendrán en breve más armas jurídicas para luchar contra la okupación de las viviendas del Ibavi que son propiedad del Ejecutivo o para poner freno a desmanes y otros fraudes que se cometen en las VPO propiedad de particulares. Los partidos del Pacte han presentado una serie de enmiendas al último decreto ley de vivienda del Govern, que en estos momentos está proceso de tramitación parlamentaria.

El decreto ley, que ya está en vigor a la espera de la tramitación definitiva, equipara a los inspectores de vivienda con otros inspectores del Govern. Ello implica que pueden actuar de incógnito o bajo una identidad falsa para detectar estos fraudes con mayor facilidad. Con las nuevas enmiendas, los inspectores de vivienda podrán solicitar la identificación de las personas a las que están investigando y, si encuentran resistencias, tendrán la posibilidad de pedir la colaboración    de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La petición de asistencia ya se hace, pero ahora quedará blindada por ley, según explica el director general d’Habitatge del Govern. Eduardo Robsy.

«Cuando se hacían las inspecciones, mucha gente se negaba a identificarse, por lo que la ley dará ahora herramientas a los inspectores para poder actuar», añade.

El Govern aprovecha estas enmiendas del Pacte a su propio decreto para aprobar una nueva regulación para la inclusión de particulares en el registro de demandantes de vivienda. Cualquier persona puede apuntarse en estos momentos en el registro aunque no cumpla los requisitos establecidos.

Declaración responsable

A partir de ahora, en la solicitud de vivienda deberá hacerse una declaración responsable con la documentación acreditativa de que se cumplen todas las garantías. También se depura el registro para solo haya una petición de vivienda por unidad familiar y en un único municipio. «Hemos detectado que una misma persona se inscribía en tres municipios y varias personas del mismo núcleo familiar pedían un piso y ahora queremos acabar con posibles abuso», señala Robsy.

Con estas medidas, la información estará mucho más depurada, las listas de demandantes no estarán hinchadas de forma artificial y el Govern tendrá toda la documentación de los demandantes para que la adjudicación sea mucho más rápida.

Robsy explicó que el Govern ha detectado que a veces existen problemas en el proceso de adjudicación para ponerse en contacto con las personas a las que les corresponde la vivienda, por lo que la adjudicación puede retrasarse varias semanas o incluso meses.

Más vigilancia sobre bancos y fondos buitre

Las enmiendas presentadas por el Pacte también crean una sanción específica de hasta 3.000 euros para los bancos y grandes tenedores que no estén al día en el registro de pisos vacíos. Antes se consideraba que se trataba de falta de colaboración, pero en las enmiendas se incorpora una nueva tipología de sanción para los grandes tenedores que no actualicen su inclusión en el registro obligatorio de viviendas vacías.