Francina Armengol, presidenta del Gobierno de Baleares, durante su intervención en un desayuno informativo organizado este jueves en Madrid por Nueva Economía Fórum. | Efe - Zipi

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La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado este jueves que la imputación de la directora general de Salud Pública por ordenar el confinamiento de jóvenes de viaje de estudios para prevenir contagios de COVID «va en contra de la protección de los ciudadanos».

«Tengo que respetar y respeto las decisiones judiciales (...), pero obviamente no lo comparto», ha afirmado Armengol durante su participación en un acto organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

La jefa del ejecutivo autonómico balear ha elogiado el «magnífico trabajo» que ha llevado a cabo la directora general imputada por presunta detención ilegal, Maria Antònia Font, y ha defendido la actuación de su Govern ante el megabrote de jóvenes peninsulares en viajes de estudios que se produjo en Mallorca a finales de junio.

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«Hicimos lo que teníamos que hacer», ha enfatizado Armengol, que ha apuntado que se aplicó el protocolo para los contactos estrechos de contagiados de covid que establece el Ministerio de Sanidad, que supone su aislamiento preventivo.

La líder del PSOE de las islas ha explicado que, al contrario que en otras comunidades, Baleares ofrece gratis hoteles específicos para hacer cuarentena a visitantes y residentes que no tienen condiciones adecuadas para aislarse, y ha subrayado que actualmente hay dos de estos hoteles puentes en Mallorca, dos en Ibiza, uno en Menorca y otro en Formetera.

A su juicio, la mejor prueba de que su Govern actúo correctamente en favor del bien común es que muchos de los jóvenes aislados que regresaron a sus lugares de origen cuando una juez de Palma suspendió su confinamiento dieron positivo después.

Por otro lado, Armengol ha reiterado su demanda de un cambio en el modelo de financiación autonómica para que sea más justo con Baleares y acabe con la «doble financiación» que recibe Madrid por ser capital del país, algo que le permite hacer «competencia desleal» fiscal respecto a otras comunidades.