Un momento de la presentación de la memoria del IMAS celebrada este lunes. | Consell de Mallorca

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El presidente del IMAS, Javier De Juan, ha reconocido dos nuevos casos de explotación sexual infantil entre jóvenes que estaban bajo su responsabilidad en 2020. Una de ellas es menor y reside en alguno de los 30 centros propios o concertados por el Institut Mallorquí d’Afers Socials; la otra joven convive con una familia protectora. Se ha registrado un descenso frente a los 9 detectados el año anterior.

Lo ha hecho en la rueda de prensa de presentación de la memoria de la institución en que ha destacado la baja incidencia respecto a años anteriores. «La explotación sexual infantil ha marcado nuestras prioridades y también el trabajo de minimizar el impacto de la pandemia a nivel sanitario, social y económico», ha reconocido De Juan, que ha defendido el papel «valiente» de la institución y ha destacado su «transparencia», por hacer públicos estos datos tras una violación múltiple a una de las menores a su cargo destapada a finales de 2019.

En 2020 el IMAS señaló que conocía 16 casos en total detectados en años anteriores y puso en marcha dos comisiones: una política y otra de expertos, ambas no exentas de polémica. De Juan ha explicado que gracias a esta última «se crea la atención especializada y se dan más 500 horas de formación a profesionales sobre esta problemática». A este trabajo, de hecho, achaca que se hayan detectado dos casos más, tras descartar otros sospechosos, una cifra que, ha dejado entrever, es más baja de lo esperado: «da una ligera idea de la bajada de la problemática pero somo prudentes en valorarlo porque ha sido un año especial», ha señalado.

Y es que otra de las prioridades de 2020 han sido los recursos destinados a paliar los efectos de la pandemia por COVID-19. En este sentido ha destacado que la plantilla de trabajadores se reforzó con 170 personas.

«En la primera ola se priorizó atender la emergencia», ha señalado el responsable del IMAS, con especial atención a las residencias de mayores o de discapacidad o en dar una solución habitacional a las personas sin techo. «Gent gran llegó a repartir 2,5 millones de unidades de material de prevención en centros del IMAS, otros concertados y los servicios sociales municipales».

De Juan ha destacado que en aquella época la renta mínima de inserción aumentó un 200 % y «ayudó a sostener a muchas familias hasta que pudieron cobrar los ERTE».

Ya con la segunda ola comenzaron los cribados masivos en los centros y se estima que se hicieron 172 visitas a residencias de mayores y de personas con discapacidad y más de 15.000 pruebas PCR preventivas.

Además se activó la residencia sa Riera para mayores asintomáticos y el hotel COVID qe alojó a 335 personas y donde se hicieron unas 4.000 pernoctaciones.