Jaume Tortella en una reciente imagen. | P. Pellicer

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«Ninguna responsabilidad técnica ni política». La comisión que puso en marcha el Consell de Mallorca por los supuestos casos de explotación sexual de menores acogidos por la institución concluye por unanimidad que «no hay ninguna responsabilidad de los políticos que están y estaban al frente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y tampoco consta ninguna responsabilidad penal».

El vicepresidente de la institución, Jaume Tortella, ha presentado el informe del órgano en el que participaron todos los partidos políticos salvo el PP y VOX.

El documento concluye que no existe un nexo entre todos los casos de menores que han sufrido abusos y también descarta la existencia de una red dedicada a la explotación de estos menores, la misma conclusión a la que había llegado la investigación penal que llevó a cabo la Fiscalía.

Tortella señaló que se ha concluido que esta problemática siempre ha existido en el periodo analizado, desde 2017 pero que, durante años pasó como una «realidad desconocida».

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Sobre la responsabilidad política, el documento sostiene: «La Comisión entiende que no puede determinarse una responsabilidad sobre la detección y comunicación de los casos concretos. Forma parte de la función técnica. Los responsables políticos no tienen acceso a los expedientes».

Tortella señaló que a lo largo de las comparecencias se ha puesto de manifiesto que los cargos públicos «han apoyado siempre las decisiones propuestas por los técnicos».

En torno a los 16 casos que fueron conocidos en enero del año pasado, se señala que 13 de ellos ocurrieron entre 2017 y principios de 2019. Tres se producen tras el cambio de legislatura y uno de ellos se produjo en el entorno tutelado.

En febrero del año pasado se cambió el método para notificarlos y avisar de sospechas a la Policía Nacional. Además se notificaron a la Fiscalía cinco casos en los que no constaba que se hubiera producido antes una notificación al ministerio público.

«Ha habido un cambio de visión del tema y de mirada. Se ha tenido que hacer formación de forma continuada para los profesionales y para estos jóvenes. Es una manera de que puedan encontrar respuestas a los problemas que se han encontrado».

«La principal causa de que haya explotación sexual infantil es que hay explotadores y agresores. La detección es el primer paso para intervenir y los protocolos son herramientas fundamentales para coordinar esfuerzos», incidió Tortella.

«A la comisión le ha quedado claro que hay una necesidad de visibilizar y sensibilizar sobre el tema. Siempre hay un agresor mayor detrás de cada caso. Hay personas que hacen mal en la sociedad».

Sin embargo, mantienen que «no hay que estigmatizar a nadie» y que muchos casos surgen en el entorno familiar, «no es algo exclusivo de los menores tutelados». «La confrontación politica extrema que ha habido perjudica a la institución ya la sistema de protección y estigmatiza a los menores», señala también el informe. Este documento será aprobado el próximo lunes por el Consejo Rector del IMAS.