Sa Gerreria, zona cero. Los principales problemas se plantean en los juzgados de sa Gerreria de Palma: un Social y dos Primera Instancia pierden a seis de los ocho funcionarios que tienen adscritos. Y es en esta sede judicial donde se producen la gran mayoría de las fugas de empleados públicos a la Península. | ARCHIVO

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El Ministerio de Justicia intentará paliar el impacto del éxodo de funcionarios de los juzgados y retrasará un mes algunos de los ceses que se iban a producir la próxima semana. Según fuentes del departamento, el concurso de traslados afecta al diez por ciento de la plantilla que hay en las Islas: 133 funcionarios de una plantilla de 1.285 en 141 unidades judiciales. Los sindicatos elevaban esa cifra hasta los 137.

Entre las medidas con las que el Ministerio intenta «mantener la atención de calidad de este servicio público» está el retraso en los ceses. La atención se centra en los 46 juzgados que perderán más de un funcionario. Se les dará prioridad a la hora de buscar alternativas, en especial a los que «previsiblemente se enfrentan con mayores dificultades».

Justicia prevé que en «pocos meses» se produzca la incorporación de nuevos funcionarios de carrera, una vez terminen las nuevas oposiciones y, mientras tanto, afirma que ha acelerado la selección de personal temporal para compensar el vacío que se produce en el bolsín de interinos, que ahora mismo está vacío en todas las Islas salvo Menorca.

En el BOE

El proceso sigue adelante, mientras tanto, y ayer se produjo la publicación oficial de los traslados en el Boletín Oficial del Estado. Los funcionarios cesan el próximo lunes o el próximo viernes en función del cuerpo al que pertenecen de los tres en los que se integran los de Justicia. Así, la situación es de incertidumbre ante lo que pueda ocurrir la próxima semana en algunos de los órganos más afectados, como un Social y tres Primera Instancia de Palma, cuyas plantillas han pedido casi en su totalidad regresar a la Península.

La situación se produce después de que hace dos años se ofertaran casi en exclusiva plazas en las Islas a los funcionarios que acababan de aprobar las oposiciones. Fuentes del Ministerio defienden que no fue un destino forzoso sino que «a los funcionarios de nuevo ingreso se les destina allí donde existen las necesidades de la prestación de un servicio público adecuadamente dimensionado y, además, no se cubren de forma estable las vacantes. La organización y distribución territorial de las necesidades y de las vacantes es siempre un asunto recurrente, que los servidores públicos tenemos que atender y que los ciudadanos no deben padecer». De forma recurrente los juzgados de Baleares tienen una alta tasa de interinos.

Un problema «estructural»

El presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez-Reino, señala que se trata de un problema «estructural» dado que la mayor parte de los funcionarios que superan las oposiciones son de la Península, lo que dificulta que más tarde se asienten en Balears y tiendan a regresar a sus lugares de origen, lo que provoca estas situaciones.