El organismo de dirige Jaime Far ha emitido este jueves una nota pública en la que señala que abrirá un proceso de investigación sobre posibles vulneraciones del protocolo. | Efe

6

La Oficina Anticorrupción (OAIB) investigará si se han producido irregularidades en el orden de vacunación en Baleares que puedan suponer infracciones de las obligaciones legales de autoridades públicas o incluso delitos de carácter penal.

El organismo de dirige Jaime Far ha emitido este jueves una nota pública en la que señala que abrirá un proceso de investigación sobre posibles vulneraciones del protocolo de administración de vacunas contra la covid si se lo plantea formalmente el Parlament balear o si recibe alguna denuncia al respecto.

Hace una semana el PP presentó un escrito ante este organismo en el que denunciaba que altos cargos de la Conselleria de Salud y del Consell de Mallorca habían recibido la vacuna cuando les correspondía a los ancianos de residencias y a sus cuidadores.

La OAIB explica que las vacunas son un «recurso escaso» financiado con dinero público y «distribuidas y administradas bajo control y responsabilidad» de la administración sanitaria autonómica.

«Desde la perspectiva del fomento de la integridad, la ética pública y la prevención de malas prácticas, la oficina recuerda que donde hay recursos públicos y capacidad de decidir sobre su asignación siempre existe un riesgo de que alguien abuse de esta situación para obtener un beneficio particular», indica la entidad.

En su escrito, alude genéricamente a «casos que se han ido conociendo sobre diferentes categorías de servidores públicos y otros colectivos que han recibido la vacuna antes que llegara su turno o que han facilitado hacerlo posible».

Estas situaciones, argumenta, ponen de relieve la necesidad de prevenir «vacunaciones irregulares» estableciendo «unas reglas de juego claras y transparentes».

Por ello, la Oficina Anticorrupción insta a las autoridades sanitarias a ir más allá de la estrategia general de prioridad de grupos en la vacunación para establecer «un segundo nivel de concreción» y anticipar «criterios específicos que, por un lado, delimiten la responsabilidad de los diferentes actores que participan en la toma de decisiones respecto a la vacunación y, por otro, que prevean una respuesta a las contingencias».

Además, como no es posible avanzar «una respuesta para todas y cada una de las situaciones e incertidumbres que se presenten», se deberían ofrecer a los equipos de vacunación «referentes de consulta o asesoramiento para casos dudosos o problemáticos», como pueden ser comités de ética asistencial.

Más allá de todas estas consideraciones, el departamento de fiscalización de la actividad institucional de Baleares argumenta que en sus funciones de prevención y salvaguarda de la ética en la actividad de los responsables públicos tiene «competencias suficientes y adecuadas para analizar los supuestos de vacunación irregular».

Concluye que cualquier transgresión legal y ética en el «excepcional proceso» que constituye la vacunación contra la covid debe tener «una respuesta proporcionada a la gravedad de la infracción», porque, si no, «se podría generar una percepción de impunidad».