Las miradas de dos ‘fiscalizadores’. A la izquierda, Jaime Far, director de la ‘Oficina Anricorupció’ y a la derecha, Joan Rosselló. La imagen es del día que el primero tomó posesión, en enero de 2018. | Joan Torres

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La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears –equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas que fiscaliza a los organismos públicos– realizará este año al Parlament dos informes relativos a la Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, que se creó en enero de 2018 pero que no empezó a funcionar con normalidad hasta el año siguiente.

Así se recoge en el programa de actuaciones previstas para 2021 y que el Síndic Major, Joan Rosselló, ha remitido al Parlament y del que la Mesa de la Cámara se dará este lunes por enterada. No es que Joan Rosselló tenga especial interés o sospecha alguna sobre la Oficina que dirige Jaime Far. Es que el primero de los informes, referido a 2019, se lo encargó expresamente la Cámara en junio del pasado año y no está completado todavía.

«Una vez finalizado el informe sobre el cumplimiento de legalidad de la Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció correspondiente a 2019 se iniciarán los trabajos de fiscalización para elaborar el correspondiente a 2020», precisa la Sindicatura en su comunicación al Parlament.

La relación entre ambos organismos, Sindicatura y Anticorrupció, ha venido marcada desde la creación de la segunda por algunos resquemores sobre el ámbito competencial de ambas.

La ‘oficina anticorrupción’ fue una apuesta de Podemos durante la primera legislatura de Francina Armengol. Algunas propuestas impulsadas por Jaime Far, sobre todo las referidas a controles al propio Parlament no han sentado bien en algunos grupos de la Cámara.

Las cuentas de Andalucía

La Sindicatura, según las previsiones que anticipa al Parlament, tiene trabajo por delante: 26 informes contables sobre entidades y administraciones públicas, un informe sobre la transparencia del sector público, la memoria anual de actividades y «otras actuaciones» entre las que incluye la implantación de una nueva Web, la redacción de una nueva normativa sobre procesos de fiscalización y la colaboración en la fiscalización de las cuentas de la comunidad autónoma de Andalucía. Este último cometido es fruto de un convenio con esa comunidad autónoma, según explica en el detalle de las actuaciones que han sido entregadas al Parlament.

Opera desde 2004 y también ‘vigila’ consells y ayuntamientos

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) se creó por ley en 2004 y revisa contratos y actuaciones del Govern y de organismos e institutos dependientes de éste, incluido el Servei de Salut. Además, también revisa las actuaciones de los ayuntamientos, los consells y la Universitat. Es la primera vez que también se ocupará de la ‘Oficina Anticorrupció’.