El sector de la restauración atraviesa un momento delicado. | Amaya Michelena

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El Govern tiene movilizados a cerca de medio centenar de inspectores de diferentes ámbitos, la práctica totalidad de los disponibles, para perseguir el incumplimiento de las restricciones impuestas sobre la restauración especialmente de cara a posibles fiestas o reuniones en Nochevieja o Reyes.

Así lo ha señalado este miércoles la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Isabel Castro, que se ha reunido junto a la consellera de Salud y Consumo, Patrícia Gómez, la directora general de Turismo, Rosana Morillo, con los presidentes de las patronales de restauración Pimem y Caeb, Eugenia Cusí y Alfonso Robledo, respectivamente para abordar la situación de la COVID-19.

Castro ha insistido en que la normativa que rige en estos momentos sobre el sector de la restauración hay que cumplirla siempre «pero más todavía en la actual situación de contagios» que está experimentando, especialmente Mallorca. Según ha apuntado, desde junio se han propuesto sanciones por valor de 800.000 euros y en las últimas semanas se han decretado cuatro cierres de establecimientos.

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Por su parte, los representantes de las patronales de la restauración han insistido en la necesidad de que las medidas que se impongan sean drásticas «por respeto a los empresarios».

En este sentido, Robledo ha resaltado que el sector de la restauración necesita que la ciudadanía «tome conciencia» porque la temporada turística no podrá reactivarse si no se pueden rebajar los niveles de alerta. «Necesitamos curarnos», ha apuntado.

Eugènia Cusí, por su parte, ha trasladado la oferta de su organización de acompañar a los inspectores para concienciar a los establecimientos a cumplir las medidas restrictivas.

Ante un posible empeoramiento de la situación epidemiológica, especialmente en Mallorca, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha señalado que sobre la mesa sigue la posibilidad de limitar la movilidad entre municipios y que si ante un empeoramiento de la situación se tuviera que pedir al Estado la aplicación de un confinamiento domiciliario, se haría, aunque ha matizado que «quedan muchas medidas que tomar antes de llegar a este punto».