La actual delegada del Gobierno y el alcalde, en un pleno del Ajuntament de 2013. | Pere Bota

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El Tribunal de Cuentas investiga la legalidad de cinco subvenciones concedidas en los mandatos de Aina Calvo y Mateo Isern en el Ajuntament de Palma. Son ayudas concedidas a Manos Unidas, Teatre del Mar, la OCB y Esplai Jovent y una quinta no identificada.

La actual delegada del Gobierno en Balears y el exalcalde del PP deberán declarar ante el Tribunal de Cuentas el próximo día 30 de este mes, pero la investigación se amplía a todo el equipo de los dos políticos porque las subvenciones se concedieron por parte de la Junta de Gobierno. Ello implica que el actual alcalde, José Hila, también tenga que comparecer, aunque todos ellos lo harán a través de sus abogados.

El Tribunal de Cuentas entiende que estas subvenciones se concedieron de manera irregular y es muy probable que, mientras dure la investigación, imponga una fianza a los responsables políticos por el importe global de las subvenciones concedidas. La fianza servirá para restituir el dinero público, en caso de que finalmente se determine que las subvenciones no debían haberse dado.

Los años 2010 y 2011

Las subvenciones se concedieron en los años 2010 y 2011. Tres de ellas son de la época de Aina Calvo y las otras dos se concedieron cuando Mateo Isern era alcalde. La investigación del Tribunal de Cuentas comenzó hace más de dos años, a raíz de los informes de fiscalización de los gastos realizados por la Sindicatura de Comptes de Balears, que fue el primer organismo que consideró que las ayudas se concedieron por una vía que no tocaba y que se tenía que haber seguido otro procedimiento.

El informe se envió al Tribunal de Cuentas, que solicitó nuevos informes hace más de un año para comprobar qué pasaba con esas subvenciones. El organismo encargado de vigilar las cuentas de las entidades locales es el Departamento Séptimo de Fiscalización, que dirige Ramón Álvarez de Miranda García. Presidió el Tribunal de Cuentas durante los mandatos de Mariano Rajoy y fue diputado de UCD en el Congreso por la provincia de Madrid en la primera legislatura. Es funcionario del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.

Doce integrantes

El pleno del Tribunal de Cuentas está formado por doce consejeros, de los que seis son designados por el Congreso de los Diputados y los otros seis, por el Senado.

Las subvenciones que está analizando el Tribunal se concedieron con todos los informes técnicos y jurídicos favorables por parte de los servicios municipales.

La investigación del Tribunal de Cuentas no implica responsabilidad penal, pero sí contable, de ahí la imposición de una fianza. En cualquier caso, también se puede abrir una investigación penal en caso de que se determine que puede existir una responsabilidad añadida.

Además de estas subvenciones, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades hace años en unas contrataciones realizadas por el Institut Municipal de l’Esport, que también investigó la Fiscalía.

También se realizó una investigación sobre los pluses de productividad que cobraba al gerente del IB-Salut, Juan José Bestard, durante el mandato de José Ramón Bauzá en el Govern, entre los años 2011 y 2015.

La subvención de la OCB era de 65.000 euros de los que solo se justificaron 7.292

La subvención concedida a la OCB era de 65.000 euros, de los que la entidad solo pudo justificar 7.292 euros, según el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que ha motivado la investigación posterior. El informa señalaba que la entidad presentó únicamente «una memoria genérica de actividades del año 2010» y una relación de justificantes, por el importe total de 65.619,84 euros. Presentó facturas genéricas de gastos corrientes, como el agua, la luz o el teléfono, pero no justificantes de las actividades culturales, «conciertos, actuaciones o presentación de libros realizadas dentro del periodo de ejecución de la actividad subvencionada». Ese es el problema de una de las subvenciones.