Los juzgados de sa Gerreria, que acogen los juzgados de Social, Mercantil, Primera Instancia y Menores, no tienen ya espacio para más órganos. | Pere Bota

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El Ministerio de Justicia anuncióeste jueves la creación de dos nuevos juzgados para Palma con la intención de hacer frente al colapso judicial por la COVID. El problema es que estos dos nuevos órganos no corresponden a lo que se había pedido desde los órganos de gobierno de Palma y del Consejo General del Poder Judicial. Así, Madrid plantea abrir un nuevo juzgado de lo Social, una jurisdicción especialmente atascada en las Islas y que cuenta con siete refuerzos. Pero también un Mercantil después de que hace tres años se abriera el tercero. Se quedan fuera dos de los más reclamados: un juzgado de lo Contencioso Administrativo y el tercer juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma.

La decisión del Ministerio ha provocado cierta sorpresa y malestar en círculos judiciales de las Islas, sobre todo por la omisión del Contencioso. En un comunicado, la administración defiende que esta decisión responde a «la ralentización sufrida en la Justicia como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, exigía un impulso efectivo que permita dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma». Así, se dirige a dos jurisdicciones de las que, previsiblemente, notarán más el impacto de la pandemia: una por el alcance de despidos y de reclamaciones relacionadas con la percepción de subsidios y la otra por la declaración de concursos.

Actualmente, hay cinco juzgados de lo Social que tienen un atasco endémico y cuentan con siete magistrados. En Mercantil el motivo de la gran carga de trabajo que tienen está focalizada en el enorme volumen de las reclamaciones contra compañías aéreas. Para darles salida se han habilitado fórmulas de refuerzo. Se tratan de muchos asuntos pero de resolución relativamente sencilla. De momento la explosión de concursos de empresas no se ha producido, sobre todo porque el Gobierno ha introducido modificaciones legales que suponen una moratoria hasta el mes de enero para que los deudores puedan instar el concurso forzoso de empresas. Se han registrado algunos voluntarios que, por el momento responden a pequeñas empresas o autónomos.

La creación de los dos nuevos juzgados provoca otra problema: dónde colocarlos. Ahora mismo tanto Social como Mercantil están en la sede de sa Gerreria pero en estos momentos en ella no hay el más mínimo hueco disponible para instalar un nuevo juzgado. Responsables del Ministerio han valorado algunos edificios en la zona y el planteamiento pasaría porque alguna jurisdicción abandonara la sede para instalarse en otro sitio.

Una creación que todavía tardará unos meses

El anuncio del Ministerio, por el momento sólo supone que se propone esta creación al Consejo General. Los nuevos órganos tendrán que ser incluidos en los Presupuestos y, a la vez, las cuantías necesarias para la contratación de una nueva sede, un proceso que todavía puede tardar meses.

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Balears ‘exporta’ asuntos de los contenciosos

Los juzgados de lo Contencioso arrastran también retraso desde hace años. El único candidato a la presidencia del TSJB, Carlos Gómez, ya planteó al consejo que se trata de la única jurisdicción con un problema estructural. Ahora mismo se envían asuntos para que sean resueltos por jueces de Madrid.

La prioridad a la crisis deja fuera al Violencia de Género

Las medidas anunciadas están orientadas a paliar el impacto de la crisis económica en la administración de Justicia. Así, queda fuera el tercer juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma, que se reclama desde hace años después de que los dos actuales soporten una carga muy por encima de la media.

El Poder Judicial había reclamado tres de forma urgente

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial había incluido en el listado que remitió al Ministerio la creación de tres nuevos juzgados. A los dos que sí se han aprobado añadía uno de lo Contencioso. El último juzgado que se creó en Balears fue un Penal que luego hubo que convertir en un Social.