Francisco González Paredes. | Click

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¿Cuántas clases de okupas hay? ¿Es lo mismo okupa que allanador de moradas? Ambas cosas, que son muy actuales, se las hemos planteado a Francisco González Paredes, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas (UNED 1993), máster en Humanidades, Arte, Literatura y Cultura Contemporánea (UOC, 2017), y técnico en prevención de riesgos laborales.

Doctorando en Sociología del Medio Ambiente, Profesor-tutor en UNED, Profesor asociado en la Universitat de les Illes Balears, articulista de Ultima Hora, comentarista en IB3, además de autor de numerosas publicaciones relacionadas con Educación, Cultura e Inmigración... Su currículo es tan extenso que no cabría en este espacio. Por ello le hemos elegido para que nos conteste las preguntas que planteamos al principio

Tipos de okupas

«Se suele confundir bastante la tipología de los okupas, cuando en realidad representan una realidad muy variada, con pocos puntos en común entre los distintos colectivos –comienza diciendo, antes de clasificarlos–. Una pequeña minoría de ellos ocupa primeras o segundas residencias, a veces, incluso, para realquilarlas. Hay también ocupaciones de chalés, normalmente abandonados, para cultivar marihuana, y otros que son vandalizados por grupos de jóvenes, que son usados para fiestas, consumo de drogas y alcohol y mantener relaciones sexuales. Pero –aclara–, la mayoría de las ocupaciones, según los datos de que disponemos, se producen intencionadamente sobre viviendas que son propiedad de bancos (con frecuencia fruto a su vez de desahucios), sociedades, fondos buitre y particulares acaudalados que las utilizan como inversión para especular –el parque de vivienda vacía en España es inmenso, matiza–. Este último tipo de ocupación corresponde en su práctica totalidad a familias castigadas por la precariedad y el paro, desahuciados de otros hogares por impago de alquiler o hipoteca, migrantes, familias monomarentales y en general todo el catálogo de la exclusión social. Del total de ocupaciones calculadas a día de hoy, unas 80.000, el 90%, responderían a este último perfil».

Okupaciones’ y desahucios

«Sin embargo –sigue exponiendo González– este número de ocupaciones es bajo comparado con el de desahucios: 700.000 familias, más de dos millones de personas, han sido desahuciadas, o lo que es lo mismo, un 5% de la población española. Y han sido desahuciados –subraya– porque no pueden pagar y no disponen de otra solución habitacional, lo que quiere decir que su otra opción a la ocupación sería el chabolismo, fenómeno casi desterrado, pero que hoy repunta. Por otra parte, como el precio de compra y alquiler de la vivienda en España es disparatado –como avisó reiteradamente la Unión Europea–, tener un techo se convierte en un lujo, lo cual deja a amplias capas de la población fuera del mercado. A todo esto, añadamos que los servicios sociales no suelen disponer de medios suficientes, y que el parque público de vivienda social es casi inexistente...».

Allanamiento de morada

Intuyendo lo que puede ocurrir a partir del otoño, cuando se espera que la crisis económica se agudice, le planteamos a Francisco González Paredes si el fenómeno okupa irá a más.

«Sí, eso pasará –responde–. Pero no se justifica en absoluto el estado de pánico que se quiere inculcar y que es notablemente fomentado por numerosos medios de comunicación. Las ocupaciones representan una fracción ínfima sobre el total de viviendas, pero el miedo vende. Las supuestas ocupaciones de cuando bajas a tomar un café, de darse, no suelen ser tales, sino que son meros allanamientos de morada, que normalmente se solucionan con una llamada a la Policía. Pero lo que sí cabe esperar es que pequeños empresarios, al no poder hacer frente al alquiler o hipoteca de sus locales, se nieguen a abandonarlos, por lo que podríamos encontrarnos ante un incipiente nuevo tipo de ocupación sobrevenida: la de oficinas y locales comerciales.

Desokupación

Por último, y respecto a las empresas de desokupación, Francisco González nos recuerda que «no hay que olvidar que el Estado ostenta el monopolio legítimo de las fuerzas de seguridad, que ocasionalmente, y mediante permisos tasados, puede delegar, como es el caso de los vigilantes de seguridad. Pero, incluso en el caso de los vigilantes, estos no tienen potestad para actuar fuera de recintos cerrados, y de ninguna forma en la vía pública. Y es que la mera represión no puede ser la solución a un problema gravísimo, ya que constituye una política de ‘final de tubería’: no atiende a las causas y castiga fundamentalmente a los más débiles y desprotegidos. Porque está claro que nadie ocupa por gusto ni para ahorrarse el alquiler, y que la vigente Constitución española garantiza el derecho a la propiedad, pero también el derecho a la vivienda. Lo que pasa es que hay una evidente disparidad entre la protección de ambos derechos».