Imagen de archivo de alumnos en un centro concertado de Palma. | MIQUEL A CAÑELLAS

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Escola Catòlica de Baleares, a través de su secretaria general, Llúcia Salleras, expresó ayer su preocupación por la noticia de que el Gobierno excluye a la enseñanza concertada de las ayudas para la recuperación por la COVID-19.

Según Salleras, «esta noticia continúa la dinámica del Gobierno desde el primer momento, que es la de no tener en cuenta a la enseñanza concertada ni respetar la libertad de elección de centro. Y no tiene previsto repartir los mismos recursos».

La secretaria general de Escola Catòlica indica que «esta manera de actuar nos preocupa y habrá que ver hasta dónde llegaremos en la enseñanza concertada para defender nuestros derechos, recogidos en la Constitución».

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En cualquier caso, Salleras agradeció la actitud del Govern al respecto, «pues ve las cosas de otra manera. El conseller d’Educació, Martí March, nos ha dicho que los fondos estatales que puedan llegar a Balears para la recuperación educativa se harán llegar tanto a la enseñanza pública como a la concertada».

La responsable de Escola Catòlica destacó que «nos encontramos actualmente en una situación extraordinaria por la COVID-19 y no esperábamos que el Gobierno fuese a establecer diferencias entre enseñanza pública y concertada. Es el momento de poner en marcha políticas sociales, no de imponer ideologías educativas. Si el Gobierno ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, ¿cómo puede fijar esas diferencias? Parece que sigue pensando que sólo puede haber una única escuela posible y que la enseñanza concertada se corresponde con un nivel adquisitivo alto. Nada más lejos de la realidad».

El borrador pactado entre PSOE y Unidas Podemos para la Reconstrucción Social y Económica propone que la totalidad del incremento de la inversión educativa vaya destinada a la enseñanza pública de gestión directa. El borrador fue sometido ayer a debate en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

El texto propone un incremento de los recursos púbicos dedicados a la educación y las becas, y pide fortalecer la enseñanza pública como «columna vertebral» del sistema educativo, incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades autónomas.