Preocupación y malestar por la inseguridad jurídica que genera la anulación de la multa a Airbnb

| Palma |

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El alquiler turístico en Palma ha generado siempre mucha controversia.

El alquiler turístico en Palma ha generado siempre mucha controversia.

12-04-2016M. À. Cañellas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de anular la multa de 300.000 euros impuesta por el Govern a la plataforma de alojamiento colaborativo Airbnb por comercializar pisos turísticos en Balears, fue recibida este martes con preocupación y malestar por la patronal de alquiler vacacional, ecologistas, asociaciones de vecinos y plataformas y entidades. El Govern insiste en que recurrirá la sentencia hasta el final por considerarla que no se ajusta a la realidad turística de las Islas.

Govern. El conseller de Treball i Turisme, Iago Negueruela, puntualiza: «Recurriremos hasta las últimas instancias la sentencia a favor de Airbnb, pero acatamos las decisiones judiciales». Los servicios jurídicos de la Conselleria de Turisme van a analizar si los recursos presentados por otras plataformas, caso de Homeaway proponen los mismos argumentos para actuar en consecuencia. «Se analizará en profundidad lo sucedido y qué se puede hacer para evitar más casos», indican desde Turisme.

Habtur. La patronal del Alquiler turístico de Baleares (Habtur) afirma que las «casas turísticas sin licencia ni registro no pueden comercializarse, ya que es un agravio comparativo para el resto que sí cumple la normativa vigente. La sentencia exime a Airbnb y pone en entredicho la Ley General Turística. Hay que hacer un cambio legislativo urgente. Está muy claro que cuando se realiza una legislación sin conocer la propia realidad turística local, autonómica, estatal y comunitaria, pasan este tipo de cosas. Este tipo de plataformas conocen los vacíos legales y saben beneficiarse de los mismos», afirma Maria Gibert, gerente de Habtur.

Palma XXI. El secretario general de la entidad ciudadana, Jaume Garau, considera que al final acabará fundamentándose el recurso del Govern contra Airbnb. «Lo que tiene que hacer Europa es regular esta oferta que ha venido para quedarse, ya que en caso contrario el vacío legal perjudica a quien quiere regular esta actividad para evitar la competencia desleal y la oferta de alojamiento ilegal. El Ajuntament de Barcelona ha tenido que lidiar con el mismo problema, por lo que urge cambiar la estrategia de control y disponer de las pruebas necesarias. No basta con presentar un pantallazo de una página web, sino que se tiene que presentar la denuncia con datos reales y contrastados».

GOB. El grupo ecologista balear considera que no «es una buena noticia y la Conselleria de Turisme debería de actuar con contundencia. El interés general queda afectado por la sentencia judicial y el Govern debe poner coto a estas ilegalidades con una regulación específica y con más inspecciones. Escuece que haya estos vacíos legales que aprovechan estas plataformas de alojamiento colaborativo, como multinacionales que son, en beneficio propio», enfatiza la portavoz del GOB, Margalida Ramis.

Associacions de Veïns de Palma. El presidente de esta federación, Joan Forteza, exige «más seguridad jurídica y garantías para que se cumpla la ley. La sentencia del TSJB genera inseguridad, más en concreto porque pone en tela de juicio a los servicios jurídicos de la Conselleria de Turisme y del propio Govern». Forteza puntualiza que «no se puede legislar con prisas y hay que saber hacer bien las cosas, circunstancia que no ha sucedido en esta regulación porque se ha obviado la normativa comunitaria». Afirma que esto descalifica a los asesores jurídicos del Govern: «Hay que saber preparar mejor los argumentos para defender los intereses generales de todos los ciudadanos. Siempre hemos sabido que la plataforma iba a recurrir y que el TSJB ha actuado en consonancia con la normativa comunitaria. Esto preocupa por lo que pueda pasar a partir de ahora con el resto de plataformas de alojamiento colaborativo».

Terraferida. El portavoz de este colectivo ecologista, Jaume Adrover, incide en que el Ejecutivo autonómico «debe saber resolver este problema que se ha generado con la sentencia judicial a favor de Airbnb. Lo más negativo de la sentencia es que da cabida a la comercialización de una oferta de alojamiento ilegal». Afirma que el Govern «debe modificar los artículos de la Ley General Turística para corregir los errores cometidos. El problema radica en que todos aquellos que han cumplido la normativa vigente se quedan con cara de tonto ante este tipo de resoluciones. El Govern, insisto, debe de actuar porque es un problema que afecta a todas las Islas».

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Juana
Hace 7 días

La sentencia lo que hace es abrir la puerta para ir contra los propietarios que no tienen licencia!!! Cuidadín cuidadín...

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Daniel
Hace 7 días

Del dinero que traen los turistas sale el sueldo a los funcionarios. Al menos esta crisis del covid-19 servirá para que algún turismófobo de iizquierdas se caiga del guindo.

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oscar
Hace 7 días

menos mal! algo de sentido común. El alquiler vacacional es RIQUEZA para nuestras islas y sus habitantes. Genera mucha oferte complementaria, más que el todo incluido..... GRACIAS TSJB!!! ale, reventar.

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Maria
Hace 7 días

Me pareix bé, ets unics responsables son es propietaris i es a ells a qui han de multar i persequir.

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tofolet
Hace 7 días

Necesitamos el turismo, vivimos del turismo

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Yo pongo el cuchillo, pero no lo clavo
Hace 7 días

A mi me parece una sentencia propiciatoria para que los ilegales campen a sus anchas

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jovellanos
Hace 7 días

Se trata de una sentencia favorable a la presunción de inocencia y, por lo tanto, una victoria para todos.El Govern tenía que preparar mejor sus pruebas.

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siset
Hace 8 días

Visca el liberalisme! Enga, propos una solució, que tothom llogui les cases en pla vacacional i que els treballadors vagin a dormir a les hamaques de la platja el vespre, total és l'estiu no fa gaire fred.

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Flecha verde
Hace 8 días

Curioso que hablen de oferta ilegal, los mismos que lo decretaron por puro populismo con una ley inconstitucional. Cuándo queríamos sacarnos la licencia hace 6 o 7 años no nos dejaban porqué decían que no se podía. Cuándo lo regularon multiplicaron x400 las tasas aparte de exigir unos requisitos imposibles. No sé de que se quejan si hace 3 años el tribunal ya hizo lo mismo con la denuncia del ayuntamiento de Barcelona a airbnb. Y por mucho que queráis llamarlo alquiler vacacional, sigue siendo alquiler temporal. Es mi casa, la alquilo a quien quiero y cuándo quiero, y al final del año declararé mis beneficios y pagaré lo que toque pagar, excepto la licencia porqué no quiero que 4000 euros mios vayan a las arcas comunistas independentistas.

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Bambol
Hace 8 días

Uuuuuuy que penitaaa! Como me alegro! Ahora podreis regular la temperatura y dejar de regular el mercado

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