Desde el inicio del estado de alarma están suspendidas casi todas las actividades judiciales. En Vía Alemania prácticamente solo funciona el juzgado de guardia pero los detenidos declaran por videoconferencia des de policía o Guardia Civil. | L. BECERRA

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Juicios por videoconferencia, mes de agosto hábil y modificaciones legales para intentar evitar cierres de empresas. El real decreto aprobado esta semana para agilizar la reapertura de los juzgados deja sin embargo en el aire la duda de cuándo se retomará la actividad judicial en Baleares.

Tampoco se contempla ese momento en las fases de desescalada. Desde la aprobación del estado de alarma están suspendidos todos los plazos judiciales y sólo se llevan a cabo actuaciones urgentes. Eso ha llevado a la suspensión de centenares de vistas en Baleares que tienen que volver a señalarse, además de sumar el impacto que la COVID-19 tendrá en la entrada de nuevos asuntos.

La normativa aprobada por el Gobierno plantea la duda del momento de su entrada en vigor: si se mantiene la suspensión mientras dure el estado de alarma, no se retomaría la actividad judicial casi hasta julio. Además se plantean otras incertidumbres en torno a la celebración de vistas y cómo se compaginan con medidas de prevención. El Real Decreto prevé que se dé prioridad a los juicios a través de videoconferencia y da la posibilidad de que se limite el acceso a las vistas que son públicas. También serán necesarias normas para el reparto de las salas en los distintos edificios oficiales y de espaciamiento entre cada una para evitar aglomeraciones en los pasillos. Sólo se plantea que se celebren juicios con el acusado presente en delitos graves.

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En otras jurisdicciones los problemas se acentúan. Se espera que el aumento de causas sea más acuciante precisamente en dos de las que más problemas tenían ya sobre todo en Palma: Social y Mercantil. Los primeros eran ya los más lentos en resolver en toda España y para los segundos se había solicitado un refuerzo ante el atasco que les supone resolver todas las reclamaciones contra compañías aéreas. Ahora tendrán que lidiar con los despidos y las empresas en quiebra. El Real Decreto les da prioridad en los señalamientos, lo que demorará más otro tipo de asuntos que ya tardaban años en resolverse.

Además de la incretidumbre en los jueces, el decreto ha provocado críticas duras por parte de los abogados. La Junta del Colegio de Balears considera ue se trata de un «brindis al sol imposible de ejecutar» si no va acompañado de una inversión en medios materiales y humanos: «No hay referencia alguna al urgente incremento de la plantilla del personal de la administración de justicia». También consideran «ineficaz y contraproducente» que se habiliten 20 días en el mes de agosto: «El reparto de las vacaciones de jueces, magistrados y demás personal se extendería durante varios meses». Además creen que la medida es un «desprecio al derecho al descanso».

También muestran su inquietud ante el posible retraso de causas que estaban pendientes al inicio de la suspensión de los plazos ante la prioridad que se da a asuntos asociados con la COVID-19 y apuntan a la incretidumbre sobre el inicio de la actividad. El Real Decreto prevé que, una vez que se reinicien los plazos estos empezarán a contar desde cero y se doblará el tiempo para presentar algunos recursos. También se contempla la posibilidad de que funcionarios trabajen por las tardes, además del teletrabajo. Hasta ayer mismo los funcionarios no tenían la posibilidad de acceder desde casa al sistema en Baleares.