La consellera de Asuntos Sociales,Fina Santiago, en una reciente reunión por vía telemática con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, Ángel Escrivá. | Ultima Hora

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La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha tramitado en abril un total de 3.846 nuevas prestaciones económicas a familias que se han quedado sin ingresos a causa del impacto económico causado por la pandemia de coronavirus, lo que supondrá un desembolso de 2,1 millones de euros.

Ello significa que en abril 7.909 personas recibirán la Renta Social Garantizada Extraordinaria por la vía rápida, o por un informe favorable de los trabajadores sociales o a través de las subvenciones a las entidades.

En abril se han incorporado a la Renta Social Garantizada 3.846 titulares nuevos con un total de 7.909 beneficiarios (en este dato se tiene en cuenta los miembros integrantes de las familias perceptoras de la prestación). Los núcleos familiares recibirán una prestación económica que oscila entre los 459,14 euros, en el caso de una persona sola, a 734 euros, en el caso de una familia integrada por cuatro miembros o 873,35 euros en el caso de una familia de siete miembros. La media es de 545,49 euros.

Si se extrapolan los datos por número de familias tenemos que hay 1.981 familias de un solo miembro. 740 de dos, 545 de tres, 376 de cuatro y 161 de cinco.

Con los perceptores habituales de la Renta Social Garantizada a finales de este mes habrá 12.387 titulares, la prestación beneficiará alrededor de 22.000 personas y la inversión de la Conseleria de Asuntos Sociales y Deportes será superior a los cuatro millones de euros.

Esta acción se mantendrá también durante el mes de mayo y se irán incorporando personas y familias que se han quedado sin ingresos económicos ni posibilidad de acceder a otras ayudas.

Al mismo tiempo, se valorará ampliar esta medida extraordinaria, y por lo tanto los fondos económicos, un mes más en función de la continuidad del estado de alarma y la puesta en marcha de de Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central y que se hace capital para dar respuesta al aumento de la vulnerabilidad de las familias como consecuencia de la COVID-19.

De estas 3.846 familias, 3.092 residen en la isla de Mallorca, 188 en Menorca, 413 en Eivissa y 153 en Formentera.

El Govern aprobó a principio de abril, con una vigencia inicial de dos meses, una serie de medidas extraordinarias, entre de ellas las referidas a la Renta Social Garantizada para flexibilizar el acceso para llegar a los mayores de 18 años que sufren una situación de emergencia social provocada por el COVID-19 así como facilitar la tramitación administrativa para que las familias puedan cobrarla cuánto antes mejor.

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Renta Mínima de Inserción
Por otro lado, un total de 2.017 personas se beneficiarán este mes de abril de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que presta el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
Según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado, a partir de la segunda semana de confinamiento, las solicitudes al IMAS para percibir estas ayudas se han triplicado en un año.

En concreto, hasta el 20 de abril de 2020 se presentaron 147 solicitudes nuevas, mientras que durante todo el mes de abril de 2019 se registraron 45 peticiones de la RMI en el área de Inclusión Social, un 226 por ciento más.

Según han señalado, el hecho se relaciones «claramente» con la situación de emergencia sanitaria, ya que tradicionalmente abril es uno de los meses «con menor incremento de solicitudes» porque coincide con el inicio de la temporada turística y con la incorporación al mundo laboral de trabajadores nuevos.

Para dar respuesta al incremento de la demanda, la institución insular ha simplificado el procedimiento para solicitar la prestación.

En este sentido, se ha agilizado al máximo para incluir la mayor cantidad de solicitudes en la nómina del mes en que se producen. De este modo, en los veinte primeros días de abril se han aprobado un 87 por ciento de las peticiones recibidas.

En cuanto al presupuesto que se destina, según han detallado, este mes se ha hecho una reserva de crédito de 972.000 euros para cubrir todas las nóminas y también para asegurar que se cobren las prestaciones durante los próximos seis meses.

Se trata de un importe notablemente mayor a los 543.570 euros de reserva que se hizo por los mismos conceptos el pasado mes de marzo.

La Renta Mínima de Inserción es una prestación económica dirigida a cubrir los gastos básicos para la supervivencia y a garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias en situación de vulnerabilidad. En circunstancias no excepcionales, tiene el valor añadido de acompañar a las personas usuarias en el proceso de inserción laboral.

Las cantidades económicas oscilan entre los 461,51 euros para las unidades familiares unipersonales y los 783,28 euros para las familias de cinco miembros o más. Actualmente, la media de RMI por unidad familiar es de 516,84 euros.

A causa de las condiciones especiales motivadas por la crisis del coronavirus y de acuerdo con el decreto de medidas urgentes del 20 de marzo de 2020, el RMI es aplicable también a personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la emergencia sanitaria y se admiten a trámite situaciones de excepcionalidad que acrediten los servicios sociales comunitarios básicos, que son los encargados de tramitar las solicitudes nuevas durante este periodo.