Imagen de una concentración del turno de oficio. | DANIEL ESPINOSA

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Más de 150 abogados de las Islas han suscrito un manifiesto en el que denuncian encontrarse en una «situación de desprotección» ante la posibilidad de afrontar «sin ningún tipo de ingreso a día de hoy y, muy probablemente durante meses» gastos como alquiler de despacho, suministros, impuestos y las cuotas de la Mutualidad de la Abogacía.

El problema del colectivo surge porque un alto porcentaje de los colegiados no se pueden beneficiar de las medidas que se aplican a autónomos porque no cotizan a la Seguridad Social sino a su propia mutualidad: «Con este escrito pedimos que los profesionales independientes, miembros de pequeños e individuales despachos reciban la misma o similar ayuda que el resto de compañeros que pueden acceder a ayudas por ser autónomos», señala el documento que continúa: «La situación de la Abogacía es insostenible y se trata de un servicio esencial en esta situación de crisis».

Así, reclaman una ayuda similar a la prevista para otros colectivos y que se abonen las cuotas de las distintas mutualidades desde la duración del estado de alarma por la crisis del coronavirus. También que se les incluya entre las actividades que pueden ser objeto de líneas de ayuda «para poder soportar los costes del ejercicio profesional mientras dure el estado de alarma».

Ahora mismo, con la actividad de los juzgados casi por completo cancelada, la mayor parte de los letrados no puede registrar ningún tipo de escrito. En paralelo, aunque muchos han optado por el teletrabajo, mantienen los despachos abiertos. Por el momento, el Colegio de Abogados sí que ha suspendido el pago de las cuotas colegiales, aunque se mantienen otros impuestos. Los promotores del documento lo han hecho llegar a distintas administraciones públicas y desvinculan al órgano colegial ya que no tiene capacidad de actuar ante la mutualidad, que es el principal problema que se les plantea. Reclaman que se trate en condiciones de igualdad a todos los profesionales liberales que ejercen la misma función y el acceso a las mismas ayudas.