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No siendo este el momento de evaluar conductas ni la gestión del Gobierno y siendo fieles a la lealtad institucional propia de CAEB, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, sí que debemos entender que los empresarios de Baleares vivimos con una gran preocupación el hecho de que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se haya convertido en una crisis económica de una honda y aún incalculable repercusión para la economía de nuestras Islas. Las empresas son personas y, por ello, entendemos que es prioritaria la salud y la seguridad de los ciudadanos y confiamos en que la prolongación del estado de alarma anunciada por el Gobierno contribuya a este fin que, sin duda, todos deseamos. Sin embargo, es un error que el Gobierno afronte la crisis sanitaria conduciendo al país, y a nuestra comunidad, hacia el colapso económico que ya está provocando la destrucción de buena parte de nuestro tejido productivo, así como la pérdida de miles de puestos de trabajo afectando, por lo tanto, a de miles de familias en Baleares.

Los empresarios de Baleares estamos preocupados, sí, pero también mantenemos el empuje y el coraje porque somos conscientes de nuestra responsabilidad para ‘tirar del carro’ de la recuperación como hemos hecho siempre. No nos desalientan, aun siendo totalmente injustos, los ataques que se vierten contra el mundo de la empresa. Ni nos desmotivan. Porque somos los empresarios los que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que nuestra comunidad salga cuanto antes de esta crisis.

Pero, para conseguir este objetivo, que debe ser común, es necesario que el Gobierno central entienda que es urgente que adopte nuevas medidas en materia fiscal y de ayuda a las empresas para evitar que esta nueva prórroga agudice aún más esta crisis económica. Es urgente decretar la suspensión del pago de tributos tales como el IVA, el IRPF o las cotizaciones a la Seguridad Social para evitar el desastre económico. Y digo suspender porque ya no caben aplazamientos. No es viable obligar a las empresas a tramitar estas peticiones porque la burocracia que conlleva es un tiempo del que carecen ya muchas empresas que se encuentran hoy en situación de KO técnico y al borde del cierre.

Es preciso tocar la realidad, salir de los despachos y ser consciente de lo que está pasando para entender que, en estos momentos, en Baleares, muchas empresas y miles de trabajadores viven una situación angustiosa tras semanas sin ingresos y esperando aún una financiación que no fluye a la velocidad deseada mientras que, sin embargo, siguen teniendo que afrontar puntualmente el pago de tributos a las diferentes administraciones, además de los seguros correspondientes. Es, por ello, totalmente ineludible acelerar los mecanismos de liquidez para las empresas, como también lo es incrementar el volumen de las líneas de avales anunciados por el Gobierno, cuestiones ambas tan urgentes como agilizar al máximo la tramitación de los ERTEs para todas las empresas que se han visto obligadas a parar su actividad, igualando las condiciones para evitar agravios comparativos entre los diferentes sectores de la actividad.

Es urgente reactivar la economía propiciando el reinicio gradual de la actividad de aquellas empresas y de aquellos sectores que, garantizando la salud de los trabajadores, sean capaces de satisfacer las necesidades de nuestra propia demanda interna como comunidad.

Desde CAEB instamos al Gobierno central a trabajar desde ya en un plan de reactivación económica específico para Baleares, porque la especial incidencia que esta crisis está suponiendo ya para nuestra comunidad exige que la reactivación de la economía de las Islas pueda iniciarse el mismo día en que finalice el estado de alarma.

Los empresarios de Baleares somos conscientes de que la emergencia sanitaria y que la salud de las personas es prioritaria, pero eso no debe avocarnos a una parálisis económica. Hemos de luchar todos contra el COVID-19 y es preciso hacerlo juntos, pero eso requiere la planificación, la racionalidad y, sobre todo, el diálogo social, que han estado ausentes en las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de España.