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Hace unos meses tuve que pasar la ITV de mi coche. Como no quiero ni debo interrumpir mi trabajo por un motivo tan trivial, acudí algo antes de las siete de la mañana. Ya había unas veinte personas en la cola, esperando somnolientas para pagar la tasa, regresar al coche y aguardar la revisión. Aquellas eran personas que no pueden darse el lujo de pedir un día libre en su empresa, tal vez porque sean los propietarios –no todos los empresarios son millonarios a quienes sus empleados les lustran los zapatos–, o quizás porque si lo hicieran su continuidad laboral correría peligro. Había una mujer, vestida con el uniforme de una empresa de limpiezas, que estaba con su hijo de unos cinco años dormitando en su falda, imagen perfecta de quien ha de luchar duramente por salir adelante.

Esa es la gente que cada día sale a ganarse el sueldo, con la incertidumbre de si lo conseguirá; esta es la gente que sabe que ha de producir al menos lo mismo que lo que gana porque, de lo contrario, serán fulminados; esta es la gente que ha de sufrir para asegurarle un futuro a sus hijos.

En el mejor de los casos, esta gente hoy sufre un recorte brutal de su sueldo, consecuencia de que les han aplicado una regulación de empleo temporal. En el peor caso están en el paro o con su empresa cerrada, sin ingreso alguno. Estos son los que realmente van a pagar la factura de esta crisis.

Todos nos conmovemos con lo que está pasando, pero no todos vamos a pagar el mismo precio. En Baleares, unas trescientas mil personas irán al paro para cobrar la mitad que antes. A otros, los pequeños emprendedores, les irá aún peor: directamente no cobrarán nada. Y si tienen responsabilidad para con su plantilla y proveedores, puede que pierdan dinero. Sin embargo, otros cien mil trabajadores verán cómo su nómina resulta intocada. Porque el sector público ya nos ha anunciado que ni habrá regulaciones temporales de empleo ni habrá despidos, palabras desconocidas en la función pública.

Ya ocurrió en la crisis del 2008: el precio siempre recae en los trabajadores del sector privado, en los mismos que no pueden pedir ni un día libre en el empleo, en los primeros que son despedidos si el turismo pestañea, en los que cada día se preguntan si ingresarán lo suficiente para poder dormir tranquilos. En cambio, en las administraciones públicas, da igual si son o no útiles a la sociedad, se sigue y se seguirá pagando a todos puntualmente. Si no hay dinero, se acude a endeudamiento.

En las administraciones públicas hay cuatro tipos de trabajadores: los que producen de acuerdo con lo que les pagamos o incluso más; los que producen, pero mucho menos de lo que cobran; los que no producen nada porque están en una función virtualmente innecesaria y finalmente, los que no producen pese a que tienen un encargo para ello, pese a que son necesarios, pese a que se espera que rindan.

Hoy todos nos recordarán que los profesionales de la sanidad son necesarios, lo cual en general es cierto, aunque una parte de ellos cobra retribuciones desmesuradamente superiores a las del resto de la sociedad y, encima, se les permite que tengan una consulta privada a la que se hace la vista gorda para no tener un conflicto social. Sin embargo, más allá de la sanidad, el sector público está plagado de personas que producen mucho menos de lo que cobran, que son absolutamente innecesarias o, aún peor, que son vagos incorregibles.

Creo que en los próximos meses, los políticos deberán hacer algún gesto que demuestre sensibilidad ante esta brecha atroz que empieza a abrirse entre los de arriba, los privilegiados con salarios propios de la época de vacas gordas y el resto del país, los de abajo, en el paro, cobrando los famosos 1.068 euros tope máximo de las regulaciones de empleo.

No creo que ni este ni ningún gobierno posible hoy en España se atreva a acabar con esta vergüenza. Y si les soy sincero, tampoco creo que los españoles realmente queramos corregir esta injusticia. Preferimos callar y acercarnos al poder político, a ver si tenemos suerte.