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Los más de 2.000 vigilantes que ejercen su actividad profesional en Baleares se sienten olvidados durante el estado de alarma decretado por las autoridades sanitarias por culpa de la COVID-19.

«No nos cansamos de escuchar a los políticos decir que estamos en guerra contra el coronavirus y que no piensan escatimar esfuerzos para vencer al virus. Todo esto está muy bien, pero los vigilantes de seguridad estamos en la primera línea de batalla y vamos a luchar a pecho descubierto», comenta uno de los profesionales de la seguridad privada destinado en un hospital de Palma.

Servicios

Si tiene que acudir a cualquier hospital, a un centro de salud, puerto, aeropuerto, en las puertas de los supermercados, estaciones de tren, metro, prisiones o una central eléctrica, entre otros muchos lugares, se van a encontrar a un vigilante. Ellos están allí, en primera línea, para velar que se cumplan de forma estricta las medidas ordenadas por el Gobierno con la intención de contener la expansión de la COVID-19. Sin duda alguna, ellos están expuestos y corriendo importantes riesgos con un escaso reconocimiento social.

Expuestos

«Todos tenemos familia. Entendemos, compartimos y nos sumamos al aplauso generalizado a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a nuestros equipos sanitarios, a las policías locales y a todos aquellos trabajadores de establecimientos esenciales que están luchando contra el virus a diario. Pero también es de justicia que se reconozca el papel de la seguridad privada en estos momentos. Cuando pasen por delante de un vigilante deben percibir el trabajo que estamos realizando y el riesgo al que estamos sometidos en beneficio de la ciudadanía», señala María del Mar, vigilante de una conocida cadena de supermercados.

Carlos Botán, presidente de la Asociación de la Seguridad Privada en Balears, lamenta que, al igual que ha ocurrido con los policías y guardia civiles, a los vigilantes no se les incluya con el colectivo de alto riesgo, por contagio del coronavirus. «Se ha solicitado a los organismos públicos que integren a nuestros profesionales de la seguridad privada para lo provisión de material de protección (EPI). No ponerlos al servicio de esta emergencia, sería un error más», concluye.