La directora general de Funció Pública del Govern, Irene Truyols. | Twitter Riu

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La Conselleria d'Administracions Públiques del Govern ha enviado una circular a todo los empleados públicos de Baleares en la que les amenaza con expedientarles si desobedecen las órdenes de sus superiores tras la aprobación del estado de alarma aprobado para hacer frente al coronavirus.

En concreto, les advierte que «el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado de acuerdo con las leyes, en los tramos que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica 411981, de 1 de junio».

Además, especifica que «si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlos inmediatamente en el ejercicio de sus cargos, pasando, si es necesario, el tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno expediente disciplinario».

En la circular se hace un reconocimiento al trabajo realizado por el personal sanitario y se añade que el resto de trabajadores públicos también deben prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos.

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En este sentido, hace una mención especial a la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y calcula que podrán afectar a más de 400.000 trabajadores de Baleares.

Críticas del STEI-i

Por su parte, el STEI-i ha criticado la circular enviada por el Govern a los trabajadores públicos y ha recriminado que «la carta no era para informar al personal empleado público de las medidas para contener la pandemia y tranquilizarlo, sino por amenazarle con expedientes disciplinarios y acciones judiciales».

Además, ha desmentido al conveler de Treball, Iago Negueruela, que este jueves aseguró que había llegado a un acuerdo con los sindicatos para que retirasen el escrito que habían registrado ante la autoridad laboral.

Ante esta situación, el delegado de prevención por el STEI Intersindical, Xesc Ramis y secretario de Administración Autonómica de este sindicato ha enviado una carta a la directora general de Funcionarios Pública, Irene Truyols, en el que afirma que lo que dice Negueruela no se ajusta a la verdad y denuncia haber recibido «presiones intolerables» por parte de la directora general de Función Pública con la intención de que retirara el escrito mencionado.