Un segundo propósito de este acuerdo es facilitar, fortalecer y consolidar el trabajo que realizan las entidades sociales con los colectivos de riesgo social del archipiélago.
En la exposición de motivos de esta iniciativa de la Xarxa per la Inclusió Social de les Illes Balears (EAPN-Illes Balears) se explica que los datos económicos y laborales de Baleares indican que la economía de las islas, el PIB, crece y que las tasas de paro se han reducido.
No obstante, diferentes indicadores y estudios muestran que centenares de miles de personas de Baleares viven «ajenas a esta recuperación de la crisis».
En concreto, se trata de personas jóvenes, mayores y familias -especialmente las monomarentales, monoparentales y numerosas-, personas con problemas de salud mental o adicciones, niños, inmigrantes, refugiados, personas con discapacidades, sin hogar y, finalmente, mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad.
Además, muchas de ellas se ven afectadas por problemas de paro, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, falta de oportunidades y desigualdad.
Para frenar esta situación, este pacto propone varias líneas de trabajo, como llevar a cabo iniciativas legislativas que garanticen el derecho a la vivienda, el suministro energético y la información.
También plantea desarrollar planes integrales de desarrollo comunitario que permitan avanzar hacia la convivencia, la interculturalidad y la plena ciudadanía; el impulso de políticas educativas inclusivas para combatir el fracaso y abandono escolar; ampliar los programas de formación e inserción laboral; y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de toda la población.
Otro objetivo es desarrollar un plan autonómico sobre el envejecimiento de la población de las Islas Baleares que promueva realmente la autonomía personal y la inclusión social dentro del ámbito comunitario.
El acuerdo prevé poner en marcha medidas para lograr la simplificación administrativa y facilitar la relación entre las entidades sociales y las administraciones públicas.
También se promoverá la contratación pública de las entidades públicas sin ánimo de lucro y de empresas de inserción. Además, se impulsará el proceso de concertación de servicios sociales, tal y como recoge la Ley de Servicios a las Personas en el Ámbito Social.
Este acuerdo de todos los partidos políticos parlamentarios tiene previsto la creación de una comisión que velará por el cumplimiento de las líneas de actuación previstas en este pacto.
En el seno de esta comisión se podrán debatir toda las cuestiones que se consideren oportunas para defender los intereses de los ciudadanos de Baleares.
Este pacto estará vigente desde este martes, día de la rúbrica de este acuerdo, hasta el final de la presente legislatura.
Esta firma ha contado con la presencia del presidente del Parlament balear, Vicenç Thomàs, y la presidenta de Baleares, Francina Armengol.
2 comentarios
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Me parece bien, pero ¿hay algo nuevo o es un refrito?
El pacto que sirve para incluirnos en la lista de los que pagamos y un poco para ayudar a los que lo necesitan.