Un Juzgado de Palma pide una euroorden para interrogar a un británico imputado por las falsas intoxicaciones en hoteles

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Un coche de la Guardia Civil, frente a una de las viviendas registradas.

Un coche de la Guardia Civil, frente a una de las viviendas registradas.

A. Sepúlveda

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha acordado solicitar una orden europea de investigación para un británico imputado por el presunto fraude en cientos de reclamaciones de turistas a hoteles de Mallorca por supuestas intoxicaciones alimentarias.

En concreto, el Juzgado, del que es titular la magistrada María Pérez, pide que las autoridades de Reino Unido tomen declaración a este investigado. La resolución se dictó el pasado 4 de febrero a instancias de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El hombre ya fue citado a declarar en numerosas ocasiones en Palma, pero nunca pudo ser localizado. Este hecho ha provocado reiterados retrasos en la instrucción de la causa, que lleva un tiempo prácticamente paralizada.

Su comparecencia estaba prevista con la de otros ciudadanos británicos que tampoco fueron localizados, y las declaraciones se han programado y aplazado repetidamente. La euroorden sólo se dirige contra él porque es el único del que se tiene constancia que está en Reino Unido. En cambio, para el resto el Juzgado pide averiguación policial de su paradero.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), personada como acusación particular bajo la dirección del letrado Jaime Campaner, señalaba a este grupo como los captadores de clientes, personas que presuntamente invitaban a los turistas de los hoteles a plantear las reclamaciones fraudulentas.

Este grupo de investigados formaban parte de un grupo de 'Whatsapp' bajo el nombre 'UK Holiday Claims'. En este chat no figuraba una de las principales investigadas, una empresaria de Magaluf de origen inglés.

La investigación comenzó en 2017 con una denuncia ante Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) por parte de una cadena de hoteles, Mac Hotels, asesorada por la abogada Carolina Ruiz, de Monlex Hispajuris. La cadena llevaba años detectando reclamaciones excesivas por supuestas intoxicaciones alimentarias.

El problema radica en que la legislación británica permitía reclamar desde Reino Unido a través del touroperador, incluso habiendo pasado dos años, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica. A continuación los touroperadores abonaban la indemnización al consumidor y después la descontaban al hotel, de forma que es éste quien finalmente pagaba.

En este sentido, Mac Hotels presentó pruebas como fotografías, grabaciones de audio, vídeos y abundante documentación para demostrar el engaño. Las pruebas fueron reunidas a lo largo de seis meses tras contratar a un grupo de detectives.

La denuncia también incriminaba a despachos de abogados británicos que supuestamente captarían a potenciales clientes tanto través de redes sociales como físicamente -mediante 'ticketeros', personas que merodean por las inmediaciones del hotel-, con la promesa de obtener dinero con reclamaciones fraudulentas. Según el denunciante, a cambio los despachos se llevarían alrededor de un 60 % de la indemnización, generalmente de entre 7.000 y 8.000 euros.

En septiembre de 2017 la Guardia Civil desarrolló una operación en Mallorca en la que fueron detenidas siete personas de nacionalidad británica, a las que responsabilizaban de una estafa millonaria a través de las reclamaciones. Durante la operación se practicaron ocho registros en diferentes municipios de Mallorca. La FEHM cifraba la estafa en más de 50 millones de euros.

El problema de las falsas reclamaciones de turistas británicos también se ha dado en otras zonas de España como Canarias o Valencia.

La empresaria inglesa a la que la Guardia Civil situaba como la líder de la trama sí compareció a declarar en el juzgado como investigada y se desvinculó de las reclamaciones. Aseguró que su empresa solo se dedicaba a recopilar datos personales de turistas británicos, que después vendían a empresas de marketing de Reino Unido, pero negó que recabaran información relacionada con intoxicaciones alimentarias ni reclamaciones. Declaró que ejerció esta actividad durante unos ocho meses.

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