El exdiputado del PP que derribo un 'stand' soberanista en Palma afirma que perdió los nervios

Así se ha expresado este viernes en la Audiencia Provincial de Baleares, donde se le juzga por derribar el 'stand' soberanista. La Fiscalía pide para él un año de prisión por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito leve de daños.

En cambio, la acusación particular, ejercida por el letrado Josep de Lluis, añade un delito de desórdenes públicos y pide seis años y nueve meses de prisión.

En la vista -a la que ha acudido numeroso público- se han exhibido fotografías y vídeos de los hechos, y el acusado se ha identificado como la persona que aparece en las imágenes. Con todo, ha mantenido que sólo tiró una mesa y cogió un cartel, pero ha negado que destrozara todo el puesto de la Assemblea.

El exdiputado del PP ha asegurado que al principio estaba intentando «ayudar» a la Policía y contener a los manifestantes, puesto que la situación era «cada vez más tensa». En esta línea, Font -que entonces era vicepresidente de la Fundació Jaume III- ha sostenido que pidió tanto a los manifestantes como a los miembros de la ASM que se marcharan para evitar el enfrentamiento.

Sin embargo, reaccionó «muy mal» cuando se percató de que un miembro de la ASM le estaba grabando con un móvil. Entonces, cogió «lo primero que vio», momento en el que tiró la mesa y después pegó «estirones» a un cartel tipo 'roll-up', según ha declarado. Después sintió un empujón y finalmente fue apartado por la Policía.

NIEGA QUE INSULTARA A NADIE Y DICE QUE AYUDÓ A RECOGER

A preguntas de su defensa, el acusado ha negado que profiriera ninguna amenaza, abucheara o insultara «absolutamente a nadie». También ha rechazado que se dirigiera hacia el puesto de la ASM por animadversión ideológica, y ha dicho que no percibió que los soberanistas tuvieran miedo a una agresión física «en absoluto».

De hecho, el exdiputado 'popular' ha defendido que la actitud de los soberanistas era «de resistencia o incluso de confrontación», y que cree que se puede hablar de «provocación» «desde el momento en el que están filmando y agitando las manos y se enquista la situación». También ha considerado que, en su opinión, a la Assemblea «ya le iba bien» que la carpa se convirtiera en el centro de atención de la manifestación, «que por cierto, fue un éxito».

Finalmente, Joan Font también ha defendido que cuando la carpa ya había sido derribada ayudó a recoger el material y que entregó algunas camisetas a los miembros de la ASM. Asimismo, ha indicado que más tarde habló por teléfono sobre lo ocurrido con Cristófol Soler, expresidente del Govern con el PP y presidente de la ASM, a quien conocía por haber coincidido en un acto de la Universidad.

Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía ha mantenido su petición de un año y nueve meses de cárcel para el exdiputado del PP. La fiscal sí ha rebajado la multa que pedía por el delito de daños, que ahora califica como delito leve en base a un informe pericial que cifra el perjuicio en 233 euros.

La acusación pública ha asegurado que lo que ocurrió «no fue una simple pérdida de papeles» y cree demostrado que el acusado «incitó a la violencia de manera directa» debido a «las evidentes divergencias ideológicas» entre los manifestantes y la Assemblea Sobiranista de Mallorca. Además, según la Fiscalía, el ataque ocurrió sin mediar «provocación previa» por parte de los independentistas.

La Fiscalía también cree que Font se prevalió «de su carácter destacado como portavoz de la Fundació Jaume III» para dirigirse a los soberanistas, y que los policías presentes se vieron sobrepasados para defender a los soberanistas en aquel tumulto, ya que «no cabía ni un alfiler».

Además, la fiscal ha destacado la virulencia del ataque, y ha mantenido que «el incidente no duró más de cinco minutos porque no quedaba nada más que romper». En esta línea, contradice al acusado, que ha minimizado su participación en la trifulca.

Denunciantes

Por su parte, los denunciantes han rebajado la petición de pena al adherirse a las conclusiones de la Fiscalía. Originalmente, pedían seis años y nueve meses de prisión, al añadir a su calificación un delito de desorden público.

El abogado de la acusación particular, Josep de Lluís -actual presidente de la Obra Cultural Balear- ha resaltado en su informe final la declaración de un testigo que ha asegurado que vio a Joan Font ralentizando la manifestación cuando pasaba cerca del 'stand' soberanista.

Este testigo también ha afirmado que le vio hacer gestos indicando a otros manifestantes que fueran hacia allá.

Por su parte, el abogado de la defensa ha criticado que en la acusación se incluyeran, a su entender, «juicios de valor» y otras «vaguedades», y que se calificara como «insulto» el grito de «viva España». También ha protestado por que se detallen insultos y expresiones que no se atribuyen al exdiputado del PP.

La defensa ha sostenido que Font tuvo un «arrebato» y que su conducta no es típica del delito de odio puesto que el acusado estuvo «diez minutos intentando evitar» el enfrentamiento antes de que se produjera el incidente. También ha considerado que la consigna 'Madrid ens roba' de los carteles del tenderete constituye una provocación.

Tòfol Soler

El presidente de la Assemblea Soberanista en el momento de los hechos, Cristòfol Soler -expresidente del Govern con el PP- ha declarado que Font les increpó diciéndoles que no tenían derecho a estar allí. «Me dijo de todo», ha señalado Soler.

Tanto Soler como el resto de representantes de la Assemblea han explicado que el Ayuntamiento autorizó la instalación del puesto como cada sábado, a pesar de que se hubiera convocado la manifestación, porque ésta no discurría estrictamente por delante de aquel punto, sino a unos metros de distancia. Los miembros de la Assemblea han asegurado que sufrieron insultos y amenazas y que otro de los motivos por los que no se marcharon fue porque se vieron «acorralados» y no tenían por dónde salir.

Según la Policía, tenían una vía de salida posible sin interferir con la manifestación por el callejón que conduce a Los Geranios. Uno de los agentes ha contado que invitaron a los miembros de la ASM a desplazarse unos metros por seguridad, pero dado que tenían autorización municipal, no se les podía obligar.

El juicio ha quedado visto para sentencia.