La Comunitat no tenía competencias para aprobar la normativa sobre el diésel. | Joan Torres

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La disposición que prohíbe la entrada en Baleares de nuevos coches diésel a partir de 2025 quedará en suspenso mientras el Gobierno no apruebe una ley específica en la materia que además tenga en cuenta las singularidades del hecho insular. Diferentes cargos del Govern habían ido dando versiones contradictorias sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Govern para evitar el recurso de inconstitucionalidad.

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, fue el primero en asegurar que la medida quedaba en suspenso.

Ante el malestar generado en algunos sectores de Més el propio ejecutivo tuvo que matizar sus palabras.

Este hecho obligó a salir a la propia presidenta del Govern, Francina Armengol, a asegurar que la norma se aplicaría porque, para entonces, ya estará en vigor la ley del Gobierno central.

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El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicó este jueves el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones. En él, el Govern reconoce que Madrid tiene la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de vehículos de motor, así como la coordinación general de la actividad económica.

Ello significa que la Comunitat no tenía competencias para aprobar la normativa sobre el diésel. Por esta razón, el Govern se compromete a «suspender el calendario previsto» en la disposición que prohibía el diésel a partir de 2025 mientras el Estado establece la regulación correspondiente «teniendo en consideración las circunstancias singulares del hecho insular».

Las consecuencias

El Govern tiene razón, por tanto, en que la ley no se modifica, pero el acuerdo implica de facto una suspensión de una medida que debía aprobarse en 2025. El Ejecutivo de Francina Armengol confía en que la ley estatal pueda estar aprobada antes de esa fecha y que en ella se atienda a la singularidad de Baleares para que la norma entre en vigor antes que en el resto de territorios.

La ley de cambio climático fue uno de los emblemas de la política desarrollada en la anterior legislatura. La oposición ya advirtió de que Baleares no tenía competencias para aprobar una regulación autonómica de estas características. El acuerdo interpretativo confirma que las Islas no tienen competencias sobre esta regulación.