Vista del solar de ses Fontanelles, este miércoles desde un inmueble cercano. La promotora del proyecto ya ha ejecutado el 80 % de la urbanización. | T. Ayuga

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La promotora del centro comercial de ses Fontanelles reclama al Govern, por responsabilidad patrimonial, 45 millones en concepto de perjuicios económicos ocasionados por la demora en la implantación de este proyecto.

La empresa se reserva la opción de ampliar la reclamación si se producen mayores retrasos, más aún cuando la autorización de esta gran superficie, ubicado en la Platja de Palma, se ha conseguido por resolución judicial.

El grupo inmobiliario francés Unibail Rodamco (URW) presentó el proyecto en octubre de 2014 en el hotel Cap Rocat (Llucmajor), anunciando sus responsables que el centro comercial de ses Fontanelles estaría operativo en el otoño de 2016, tras una inversión global de 225 millones de euros. Asimismo, se puntualizó que se crearían 4.900 puestos de trabajo, de los cuales 2.300 serían directos.

Los promotores afirmaron en su día que el centro comercial llegó a comercializarse en un 50 %. La promotora, según fuentes empresariales, estima en 217 millones el lucro cesante en caso de que no se implante.

El anuncio de su puesta en marcha promovió desde el principio toda una serie de procesos judiciales incoados por las administraciones locales.

La cronología de estos procesos se inició en febrero de 2015, cuando se solicitó la autorización autonómica de gran establecimiento comercial. La misma fue denegada en abril de 2015. En abril de 2018, el Tribunal Superior de Justicia (TSJB) dictó sentencia reconociendo el derecho de la promotora a serle concedida la autorización autonómica de gran superficie comercial.

Tres años y ocho meses después de su solicitud, en octubre de 2018, se le concedió al proyecto la autorización autonómica.

En marzo de ese mismo año, el Tribunal Supremo no admitió los recursos de casación del Govern y del Ajuntament de Palma. Esta decisión judicial convirtió en firme la sentencia del TSJB, y obliga al Govern a conceder la licencia comercial.

Mientras se dilucidan estos procesos judiciales, los promotores han realizado las actuaciones legales que podían acometer en el solar de ses Fontanelles, que cuenta con una superficie de 70.000 metros cuadrados más 20.000 metros de zona protegida.

En la actualidad, el estado de la urbanización está ejecutado en un 80 % y garantizada con 12,8 millones en avales depositados en el Ajuntament de Palma. El importe avalado supera el 100 % del coste de realización de las obras de urbanización.

Este proceso se suma a otros que a lo largo de los años ha generado un clima de inseguridad jurídica en las Islas a los inversores.

Esta inseguridad tiene un coste para los contribuyentes de Baleares. De momento, hay sentencias por 227 millones de euros que obligan al Govern a indemnizar a empresas privadas por cambios normativos. Hay que sumar 400 millones por reclamaciones pendientes de sentencia que afectan a otras administraciones. El pago de las indemnizaciones van en detrimento de todo tipo de inversiones públicas.