Antoni Terrasa, Sonia Vidal y Fernando Corchero. | Jaume Morey

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Jueces y policía constataron este lunes la presencia de una «maraña legal» que dificulta la expulsión de okupas de viviendas. En una mesa redonda organizada por la Academia de Jurisprudencia de Baleares, los presidentes del TSJB y de la Audiencia, Antoni Terrasa y Diego Gómez-Reino, y la jueza decana de Palma, Sonia Vidal, pusieron de manifiesto las discrepancias a la hora de abordar los casos.

En el acto se abordaron las dos decisiones con más fondo que se han tomado en Baleares al respecto: la orden del fiscal superior del pasado mes de junio para indicar a Policía Nacional y Guardia Civil sobre cómo actuar y la decisión de la Audiencia de absolver de un delito de usurpación en casos de entidades bancarias o fondos de gestión que no acreditan el dominio del inmueble.

Parte del problema se achacó a la falta de claridad que dan los poderes públicos: «Deben actuar para proporcionar vivienda digna, pero no a costa de la propiedad», señaló Vidal. «No son valientes, que establezcan normas concretas en lugar de derivarnos los problemas a los jueces de lo Penal», según Gómez-Reino.

La decana constató que la usurpación de bienes inmuebles es un delito leve y no permite que se produzca detenciones. Sin embargo, recordó que se trata de una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana y que esta permite identificar a los okupas y que, si no lo hacen, sí pueden ser arrestados. También indicó la posible existencia de otros delitos que afecten a los vecinos y que los jueces de Instrucción están dispuestos a adoptar medidas cautelares.

Terrasa también aludió al acuerdo «no unánime» de la Audiencia y planteó el problema de que «no cabe discriminar en función de quién sea el dueño» de la propiedad afectada.

Dos o tres llamadas diarias

El jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Fernando Corchero, señaló que reciben dos o tres llamadas diarias para denunciar ocupaciones, sobre todo por parte de vecinos de los pisos afectados. La experiencia es que, en ocupaciones recientes, los infractores se marcha de forma inmediata cuando llega la policía. El problema se presenta de forma más grave cuando llevan tiempo y, sobre todo, si se trata de familias. Además, indicó que, en casos de allanamiento de morada (cuando se trata de una vivienda habitual, vivienda vacacional o segunda residencia), la policía «no tiene ninguna duda» y detiene.