El cuartel de Son Busquets ocupa 110.858 metros cuadrados. | M. À. Cañellas

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El Ministerio de Defensa defiende su decisión de subastar los terrenos del acuartelamiento de Son Busquets y precisa que está cumpliendo los sucesivos convenios firmados con el Ajuntament de Palma en 1998 y 2012. «El proceso de enajenación no es el resultado de un especulación urbanística», asegura el Ministerio en un informe sobre el acuartelamiento. Precisa, además, que por ahora se ha autorizado la enajenación, pero aún no se ha convocado la subasta.

Recuerda que Defensa cedió en su día a Palma 141 viviendas, 23 locales y la Caja de Reclutas a cambio de que Son Busquets fuera edificable y se pudieran construir 1.662 viviendas. A petición del Ajuntament de Palma, en 2012 se rebajó la edificabilidad a 831 viviendas y el resto se destinó a usos terciarios y comerciales, según recuerda.

Concienciado

«El Ministerio de Defensa es sensible al problema de la vivienda en la ciudad y pretende poner en el mercado 831 viviendas de protección pública, que tienen un precio tasado», señala el informe. «El Ministerio de Defensa ha cumplido en todo momento sus compromisos con el Ajuntament de Palma», añade.

La subasta de los terrenos de Son Busquets se ha convertido en el tema político del verano y varios portavoces parlamentarios se refirieron ayer a este asunto ante la inminente comparecencia del conseller de Mobilitat, Marc Pons, para hablar de este asunto.

El portavoz del PI, Jaume Font, censuró la decisión del Ministerio, mientras que el portavoz de Més confió en que se pueda dar marcha atrás a la subasta «para que los terrenos sean de titularidad pública».

El portavoz de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, lamentó que Govern y Gobierno hayan pasado años asegurando que las negociaciones iban bien. Su compañero en el Congreso de Diputados Joan Mesquida ha presentado una pregunta al Ejecutivo central para que aclare si el Ministerio de Defensa y el Govern tienen algún acuerdo formal para desarrollar 831 viviendas públicas en este solar y para saber si el Gobierno piensa desarrollarlas a través del Ministerio de Fomento.

Desde las filas socialistas, la portavoz en el Parlament, Silvia Cano, opinó que la construcción de las viviendas será positiva ya que beneficiará a «5.000 familias». «La única posibilidad es que se construyan viviendas de protección oficial, porque así lo obligan las normas urbanísticas», defendió Cano, quien ha avanzado que el Govern balear «seguirá luchando» para que los terrenos del viejo cuartel sean de titularidad pública. Añadió que, en paralelo, el Govern balear promueve la construcción de otras 535 viviendas.