Bartolomé Cursach, a su llegada a los juzgados la semana pasada junto a su mujer para el juicio. | Alejandro Sepúlveda

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Segunda condena para el empresario Bartolomé Cursach. La titular del Juzgado de lo Penal 4 de Palma le considera autor de un delito de injurias por llamar «subnormal» al magistrado Manuel Penalva el día que fue a entregar su pasaporte en el juzgado tras pasar más de un año en prisión preventiva.

La sentencia da por bueno el testimonio de las dos funcionarias que escucharon el insulto y no cree la negativa del acusado. A la vez, rechaza la tesis de la defensa de que no fueron injurias a un funcionario público ya que, sostiene que estaba ligadas a la actividad judicial del magistrado. El acusado, que puede recurrir la sentencia, tendrá que abonar una multa de 9.000 euros e indemnizar con otros 3.000 a Penalva.

Según declara probada la sentencia, el día que fue a entregar su pasaporte tras quedar en libertad bajo fianza, Cursach estaba en las oficinas judiciales delante de dos funcionarias. Le acompañaba uno de sus abogados. Conversaba con él y, en esa charla aludió a una entrevista que acababa de dar el juez en la Cadena Ser. Las dos testigos confirmaron en el juicio que dijo en voz alta: «Ahora dice que pasa pena por los testigos. Subnormal, subnormal, subnormal». La magistrada da más credibilidad a esta versión que a la negativa de Cursach y el abogado que le acompañaba, que también declaró en el juicio.

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Denuncia

Penalva, que ya estaba recusado por pérdida de apariencia de imparcialidad del ‘caso Cursach’, fue informado por una de las funcionarias y denunció ese mismo día los hechos en el juzgado de guardia. El abogado defensor, Enrique Molina, sostenía que la Fiscalía no podía mantener la acusación en solitario ya que los hechos se denunciaron como injurias entre particulares. La sentencia desestima este argumento técnico y avala la posición mantenida por el fiscal del caso, Julio Cano.

Cursach ya fue condenado por tenencia ilícita de armas por una escopeta que fue encontrada en su dormitorio el día que fue detenido en febrero de 2017. Por ese delito se le impuso una condena de ocho meses de cárcel.

El empresario no tiene por ahora ningún otro juicio abierto. Está incluido en una de las piezas de la macro causa y el anterior fiscal, Miguel Ángel Subirán, pidió para él una condena de ocho años de cárcel. Sin embargo ese escrito ha sido dejado en cuarentena al acumular otra pieza el juez instructor y dar un nuevo trámite a los fiscales de Madrid que han asumido la causa tras el escándalo de los WhatsApp.