El informe que aporta Habtur en su demanda sostiene que las restricciones al alquiler turístico afectan a la economía de la Isla, algo que han constatado las patronales de comercio y restauración en más de una ocasión. | G. M.

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Los turistas que se han alojado en una vivienda de alquiler vacacional en Mallorca han descendido en 455.417 en un solo año. En concreto entre 2017 y 2018, cuando entró en vigor la Ley de Turismo que regula la actividad en las Baleares. Así se desprende del Informe pericial sobre la Memoria Justificativa de la Delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial en Mallorca elaborado por la empresa inAtlas y que la patronal Habtur ha incorporado en su demanda contra la zonificación del alquiler turístico aprobada por el Consell de Mallorca.

El abogado de la patronal, Tomás Villatoro, que ha llevado los casos de Canarias y Madrid sobre esta cuestión, explicó que la zonificación «supone una barrera de entrada en el mercado del alojamiento turístico creando un claro obstáculo a la competencia efectiva y va en contra del artículo 38 de la Constitución».

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El recurso se basa en que la zonificación «vulnera el principio de competencia, varios principios de regulación previstos por la ley en materia de administraciones públicas y principios constitucionales como la igualdad», aunque no se han solicitado medidas cautelares.

Asimismo, Villatoro aseguró que la zonificación «consolida la oferta de alojamiento tradicional» en referencia a los hoteles, mientras que «supone una reducción del alquiler turístico y una pérdida de sus efectos positivos». En este sentido, detalló que la entrada en vigor de la zonificación ha implicado una reducción de la oferta de alquiler turístico y que una parte solo se puede comercializar un máximo de dos meses al año. Otra de las consecuencias de la normativa insular, según recoge Habtur en su demanda, es que en el último año los ingresos generados por los turistas alojados en viviendas de alquiler vacacional han disminuido en 529 millones.

La patronal presentará otra demanda contra la zonificación aprobada por el Ajuntament de Palma.