Balears ha prohibido la entrada de vehículos diésel a partir de 2025. | FRIEDEMANN VOGEL

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El pasado año se matricularon 53.349 vehículos en Balears, lo que representa un moderado incremento del 5,2 % en comparación con el año anterior. Sin embargo, la venta de coches diésel retrocedió cerca de un 25 %. Así se desprende de los datos de la Agencia Tributaria estatal publicados recientemente. Estas cifras reflejan la incertidumbre de los consumidores de las Islas ante la Ley de Cambio Climático balear, que el Parlament aprobó el martes y que prohíbe la entrada de coches y motos diésel en Balears a partir de 2025. Sin embargo, todos los residentes que adquieran un coche diésel antes de esta fecha lo podrán seguir utilizando hasta que agote su vida útil.

Como consecuencia de este descenso de las ventas de vehículos diésel, según indicó la patronal estatal de concesionarios Faconauto, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en las Islas se situaron en 117 gramos por kilómetro recorrido el año pasado, lo que supone un gramo más que la media del cierre del año anterior. Los concesionarios de automoción siempre se han mostrado en contra de la ley balear y han apoyado la denuncia de la asociación estatal de fabricantes ante la Unión Europea, que también ha respaldado la CAEB. De todos modos, este descenso de ventas de vehículos diésel no fue exclusivo de Balears sino que se trata de una tendencia generalizada en todo el Estado. Las normativas europeas apuntan en esta dirección y el Gobierno central anunció su propuesta de prohibir la venta de vehículos diésel, de gasolina e híbridos en 2040.

La aprobación de la ley el pasado martes no sentó bien a los empresarios del sector automovilístico, que ven con preocupación el futuro de su negocio. El presidente de la Asociación de Empresarios de Coches de Ocasión de las Islas (Aeco), Tolo Salom, calificó ayer de «barbaridad» la normativa balear y confía en que prospere la denuncia ante la UE.

En su opinión, los usuarios «están muy confundidos» y criticó la norma porque prohíbe nuevos vehículos diésel a partir del año 2025 pese a que los modelos más recientes son menos contaminantes, crítica compartida por todos los empresarios del sector.

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Por su parte, un informe de Solera España, experta en inteligencia del automóvil, estima que los negocios de reparación y mantenimiento en Balears perderán 138,4 millones de su facturación con la electrificación del parque, un 38 % de sus ingresos, según un estudio difundido ayer.