Imagen de los terrenos de Son Bordoy. | T. Ayuga

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Los dos exdirectores generales de Sa Nostra procesados por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, han recurrido el auto que continúa contra ellos la instrucción y achacan el agujero que dejó la operación de Son Bordoy a una decisión política.

Tanto Pau Dols como Pere Batle, representados por la misma defensa, recuerdan que abandonaron la dirección de la entidad años antes de que se produjera el colapso de la operación y que, hasta ese momento, la empresa que había obtenido el préstamo, el grupo Marí Gual, había abonado los intereses a los que estaba obligada. Así, afirman que el agujero no se produjo hasta que la normativa sobre la restructuración bancaria obligó a BMN, sucesora de Sa Nostra, a traspasar al ‘banco malo’ los activos que respaldaban el préstamo.

El recurso con el que ambos directivos intentan evitar sentarse en el banquillo de los acusados niega que existiera una mala gestión o una valoración deficiente del riesgo de las operaciones que, recuerdan que fueron adoptadas en órganos colegiados.

El escrito se centra en desmontar el delito de apropiación indebida y sostiene que no hubo una actitud deliberada de desviar fondos y que, en todo caso, la investigación ha demostrado que ninguno de ellos se lucró con esa operación. Otro argumento se centra en la prescripción del delito de administración indebida.